Así lo ha indicado este miércoles en rueda de prensa la concejala de Presidencia, África Colomo, antes de mantener un encuentro con los portavoces de los grupos municipales para trasladarles esa propuesta, desde el convencimiento de "dotar de transparencia" los servicios públicos y el del autobús en particular, que "es uno de los que demanda un mayor control y calidad en su prestación".

De este modo, ha informado sobre la propuesta que pasa por iniciar el expediente de revisión de oficio para declarar la nulidad del decreto del 25 de julio de 2005 que ampliaba el plazo de la concesión del servicio de transportes urbanos por un periodo de 25 años más. Un contrato que, pese haber pasado por cuatro normas diferentes relativas a la contratación pública, "nunca ha sido licitado".

Por tanto, "no se ha dado la oportunidad a otras empresas interesadas en prestar este servicio para concurrir a una licitación pública con todas las garantías legales", según ha apuntado la edil, quien ha recordado que fue en 1961 cuando firmó un concierto para establecer un servicio de autobuses.

"Ya, por aquel entonces, existían informes municipales que decían que el servicio no se ajustaba al sistema de concierto previsto en la legislación vigente", ha comentado no sin añadir que este contrato se ha ido prorrogando y renovando siendo la última vez en 2005.

La también primera teniente de alcalde ha precisado que hay diversos informes municipales que sostienen que podrían existir hasta tres causas de nulidad con respecto a esa última prórroga, empezando por que "se efectúa por decreto de Alcaldía cuando la competencia para la contratación o mantenimiento de los contratos corresponde al pleno del Ayuntamiento de Jaén".

En segundo lugar, se prescindió de una licitación y se recurrió a la "vía fácil de dictar un decreto que ampliaba de manera unilateral, y hasta 72 años desde la fecha de formalización, ese plazo de prestación de servicios por parte de la empresa". Así, "se hurtó claramente la posibilidad de libre concurrencia de otras empresas interesadas en optar al contrato".

Finalmente y al hilo de lo anterior, "se ha prescindido por completo del procedimiento legalmente establecido", punto en el que ha explicado que en el expediente de modificación "no consta un informe que justificase las razones de interés público" para ese cambio.

"Sólo hay un documento de la empresa para la implantación del sistema Sae de ayuda a la explotación. No hay ningún informe técnico sobre la idoneidad y, lo más importante, la necesidad urgente e imperiosa de introducir esa tecnología ni un informe de amortización de los servicios económicos municipales sobre los costes realizados por el concesionario", ha agregado Colomo.

Así las cosas, ha defendido el inicio del expediente de revisión de oficio en el que, como es preceptivo, "se tiene que dar trámite de audiencia a la empresa concesionaria del servicio para que realice las alegaciones oportunas y se tiene que elevar consulta al Consejo Consultivo, que además es vinculante".

En este sentido, ha incidido en que el equipo de gobierno "cumple con su responsabilidad ante la más que dudosa" legalidad del contrato y la prórroga que sustenta la prestación del servicio", para que si finalmente se constata la existencia de esa nulidad se pueda licitar el servicio permitiendo la libre concurrencia de otras empresas que permitirá más transparencia en el servicio público.