En concreto, y según un informe de la Comisión recogido por Europa Press, a finales del pasado mes de julio, dicho organismo aprobaba "por unanimidad el reformado y actualización del proyecto básico y de ejecución de adecuación para bar" en el edificio correspondiente a los 3, 5 y 7 de la calle Adolfo Rodríguez Jurado, que forma parte del conjunto arquitectónico de la antigua Casa Real de la Moneda de Sevilla, construido según el diseño de Juan de Minjares a partir de las edificaciones de las Atarazanas de los Caballeros y sometido a diversas reformas durante el siglo XVIII.

Dicho conjunto arquitectónico está reconocido como bien de interés cultural (BIC), pesando además los entornos de protección determinados respecto al tramo de muralla almohade que sobrevive en dicha zona del casco histórico de Sevilla y respecto al edificio correspondiente al antiguo Teatro Coliseo España, toda vez que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha zanjado que el mencionado proyecto destinado a restituir la actividad de bar en la Casa de la Moneda "no altera los valores del bien de interés cultural" ni de la muralla almohade o el Teatro Coliseo España, junto al cual se alza el inmueble en cuestión.

Eso sí, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico estipula que "en caso de optar por dejar visibles los restos arqueológicos del local, se deberá presentar un reformado de proyecto incluyendo el tratamiento de los vestigios", mientras "las unidades exteriores de climatización se deberán colocar en la cubierta (...), siembre en zona discreta bajo pretil y nunca visibles desde la vía pública", y el rótulo del negocio se deberá circunscribir a "la puerta de acceso al local, evitando el impacto negativo en el BIC".

LAS OBRAS DE LA CASA DE LA MONEDA

Este edificio del conjunto arquitectónico de la antigua Casa de la Moneda, recordémoslo, fue sometido hace años a un proyecto de obras destinado a habilitar viviendas en el inmueble, siendo las obras paralizadas a comienzos de 2011, después de que una inspección se saldase con el descubrimiento de que los trabajos habían incluido la demolición de elementos arquitectónicos abarcados por la protección del recinto como bien de interés cultural.

A cuenta de tal extremo, en 2016 el Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla condenó al arquitecto y al promotor de las obras a seis meses de cárcel por un delito contra el patrimonio histórico. Según la sentencia condenatoria, recogida por Europa Press, las obras paralizadas habían supuesto la demolición de "unidades estratigráficas del siglo XVIII correspondientes a la reforma de Sebastián Van der Borcht, del siglo XIX correspondientes a la reforma de José Gómez Otero y un aparejo de los siglos XIX y XX", entre otros aspectos.

"Estando en connivencia ambos acusados (uno de ellos miembro de la familia propietaria del edificio), acordaron incumplir los parámetros de conservación incluidos en el proyecto aprobado, demoliendo muros y estructuras especialmente protegidos por su valor arqueológico e histórico, que en conjunto con otros elementos conferían al edificio su carácter singular y determinaban su especial protección, vulnerando la normativa destinada a protegerlos", señalaba la sentencia condenatoria, según la cual M.M.A. y F.C.F. causaron "daños de imposible reparación que han alterado gravemente el estado original del inmueble".