Los patinetes eléctricos de uso compartido que operan sin licencia en Barcelona y que aparcan en la calle en farolas, semáforos o lugares reservados para bicicletas están siendo requisados por la Guardia Urbana desde el pasado fin de semana. Y dos empresas que son las que explotan el servicio están siendo multadas. Ya van 33 vehículos retirados de la vía pública, todos por estar mal estacionados.

Se han ubicado en un depósito municipal y no se devolverán a sus propietarios hasta que no puedan actuar legalmente en la ciudad.

Del total de decomisos, 17 son patinetes de alquiler compartido y otras 16 sillas de ruedas eléctricas que la empresa Looper comercializaba en la calle como vehículos de 'sharing'. Los operadores argumentaron al Ajuntament que estaban haciendo una prueba piloto en Les Corts y Sarrià.

«Esta actividad nunca estará regulada en el espacio público y corresponde a espacios de salud. Además, estas motos son de uso exclusivo de personas con movilidad reducida», ha asegurado este jueves la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón.

El gobierno municipal ha puesto cerco desde agosto a esta ocupación irregular del espacio público «intensificando los controles». Este septiembre continuará con el dispositivo de retirada de los vehículos infractores de manera permanente.

Desde el 16 de agosto, el Ajuntament ha puesto unas 1.500 multas, sobre todo por incumplimiento de las normas de estacionamiento,  pero también de circulación de estos patinetes de 'sharing'. Las sanciones van directamente a las compañías explotadoras.

Las multas –de unos 100 euros cada una–  han sido impuestas a las dos únicas empresas operadoras del servicio de patinete compartido (Reby y Bird) que no han respetado la recomendación del Ajuntament de no funcionar hasta que haya una normativa específica para estos vehículos. Podría estar lista en abril de 2o2o y para poder  darle forma ya se han hecho dos reuniones entre las compañías y el ejecutivo municipal en julio y el pasado 19 de agosto. Habrá una tercera este mes de septiembre.

Las 23 sociedades restantes, muchas de ellas multinacionales y con presencia en otros países, han acatado el acuerdo alcanzado con el consistorio de no operar hasta que se haya escrito y aprobado la norma.

«Estamos trabajando con el sector respecto a cuántos patinetes de estas características puede absorber la ciudad», ha indicado Alarcón, que ha asegurado que si todas operasen ahora en Barcelona, sumarían unos 10.000 patinetes de golpe, cifra «inasumible». Ha recordado que no pueden  aparcar en cualquier lugar porque hay que regular el espacio público y asegurar su accesibilidad para personas ciegas o gente mayor.

La actual modificación, de 2017, de la ordenanza de circulación de peatones y vehículos, incluyó de forma pionera normas de uso de patinetes, segways y triciclos. Han de circular por carriles bici, calzadas de zona 30 y parques, respetando la prioridad de los peatones, y los conductores han de llevar casco, estar registrados y tener seguro.