"Continúa en Oviedo imparable la sangría de desahucios por impago de alquiler", han señalado desde la PAH. Explican que la alternativa ofrecida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno del Principado de Asturias es que se alojen de forma provisional en el Albergue Cano Mata de Oviedo durante tres meses.

Pero señalan que incluso responsables de ese albergue han reconocido públicamente que la instalación, por el perfil propio de sus usuarios, no es un lugar adecuado para menores y que en la mayoría de los casos las estancias se prologan mucho más de los tres meses inicialmente previstos.

Como en el caso de la pareja desahuciada el pasado 8 de enero, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo dice que esta situación es "inadmisible e inadecuada" para esta joven y su hija de tan corta edad, puesto que "no cumple los requisitos mínimos de estabilidad y seguridad en la tenencia necesarios para poder desarrollar su proyecto vital".

Afirman que la familia no percibe el salario social básico, que está pendiente de aprobación desde hace cuatro meses y que sus únicos ingresos consisten en una ayuda de emergencia concedida por el Ayuntamiento y tampoco han recibido respuesta a su solicitud de una vivienda social.

CRÍTICAS AL NUEVO GOBIERNO ASTURIANO

A nivel más general, la PAH considera que ante este "acuciante problema" que afecta a 25.000 hogares asturianos, la respuesta del nuevo Gobierno del Principado presidido por Adrián Barbón, hasta el momento, es la "negación de la realidad, el inmovilismo y la continuidad de las políticas fracasadas de los gobiernos anteriores".

Consideran que así lo demuestra el mantenimiento en la Dirección General de Vivienda de Fermín Bravo, que ha ocupado el puesto en los últimos cuatro años.

PAH Oviedo exige al Ayuntamiento y al Principado de Asturias que adopten medidas para una "verdadera mediación entre inquilinos y propietarios que eviten el callejón sin salida del desahucio, y les reclama que utilicen todas las herramientas a su alcance y dispongan los recursos presupuestarios precisos para movilizar las viviendas desocupadas, ponerlas a disposición de las familias en riesgo de exclusión residencial y garantizar así su derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada".