Fuentes del caso han informado a Europa Press de que Javier Fernández ha prestado declaración aproximadamente entre las 9,30 y las 11,30 horas, contestando a las preguntas del juez y de todas las partes personadas en la causa, entre las que figuraría el propio Ayuntamiento de Gerena como posible perjudicado.

La denuncia inicial de IU, recogida por Europa Press, señala un total de 24 facturas del Ayuntamiento y avisa de reparos de la Intervención municipal a estas "facturas que se presentan por distintas empresas y proveedores para su cobro", pues "lo que se está haciendo es trocear las mismas para evitar el someter esa contratación a un procedimiento licitatorio que garantice en la selección del adjudicatario los principios de igualdad, publicidad y concurrencia".

La denuncia presta especial atención al caso de las comidas para los ancianos ordenadas por los servicios sociales municipales, porque para dicho aspecto "durante el año 2017 se ha abonado un total de 54.356 euros" a una misma empresa, fraccionando "por meses" este servicio al considerarlo como "menor". "En el año 2016 ha sucedido lo mismo y se ha vuelto a trocear las facturas mes a mes cuando el total de las mismas superan con creces la cuantía permitida a un contrato menor", indica la denuncia respecto a este servicio.

"Los distintos reparos que manifiesta la Intervención al pago de las facturas indicadas no han servido para que por parte de la Alcaldía se cese con esta practica. Muy al contrario, en el año 2018 se sigue manteniendo el mismo sistema de pago", avisa la denuncia, atisbando un posible delito de prevaricación.

En uno de los informes de Intervención recogidos por Europa Press, en efecto, se detalla que el Ayuntamiento ha promovido "una pluralidad de contratos menores sucesivos para la adquisición de bienes o servicios que se requieren repetidamente, que responden a necesidades de carácter recurrente, periódico o permanente, y ello no es conforme con la normativa en materia de contratación pública para cubrir este tipo de necesidades e, incluso contrario a aquella normativa, en cuanto se ha prescindido de tramitar un procedimiento licitatorio".

Y mientras el PSOE viene defendiendo que estas contrataciones respondían a indicaciones "técnicas", el Juzgado de Instrucción número 16, que tramita la mencionada denuncia de IU, había citado para este miércoles 11 de septiembre como investigado al actual alcalde, Javier Fernández Gualda, y para este jueves a sus antecesores en el cargo, Margarita Gutiérrez y Jacinto Pereira, también del PSOE. El actual primer edil, en ese sentido, ha comparecido contestando a las preguntas planteadas.

Margarita Gutiérrez Nogales, por cierto, fue condenada en 2014 a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público, por un delito contra la ordenación del territorio.