La denunciante contó a la Policía Nacional que había recibido una llamada telefónica por parte de quien decía ser personal que realiza los certificados de eficiencia energética de edificios de la Junta de Castilla y León. Tras ser interpelada sobre si había cumplimentado dicho trámite y responder ella que no, el interlocutor le informó de que de inmediato le iba a enviar un técnico.
En cuestión de media hora se personó un supuesto empleado de la Junta de Castilla y León que se ofreció a realizar el certificado, dado que es un documento obligatorio y que de no hacerlo puede concluir con la imposición de una multa.
El estafador le manifestó que el certificado debía abonarse en efectivo, siendo la cantidad de 450 euros, tras lo cual extendió a la víctima un recibo como resguardo de haber pagado dicha cantidad, para acto seguido abandonar el domicilio.
La mujer, extrañada de lo ocurrido, realizó una llamada telefónica a la Junta de Castilla y León y descubrió entonces que desde dicha administración no habían enviado a empleado alguno para realizar la inspección.
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