En rueda de prensa, Beltrán Pérez ha avisado de que el "clamoroso problema" que sufre Sevilla en cuanto a la gestión y plazos de las licencias de actividad no supone sólo un "freno para el desarrollo económico" de la ciudad, lo que le ha llevado a señalar el caso de la declaración responsable presentada en diciembre de 2018 en el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento por la empresa Magrudis, intervenida por las Administraciones por distribuir carne mechada contaminada con la bacteria Listeria monocytogenes y causar el conocido brote epidémico.

Y es que más allá de que Magrudis comenzase a funcionar en 2013 sin que mediasen autorizaciones y no se diese de alta hasta 2015 en el registro autonómico alimentario, sin autorización municipal porque hasta 2018 no presentó la citada declaración responsable para intentar regularizar su actividad, un expediente sancionador incoado el pasado 30 de agosto contra el técnico autor de dicha declaración responsable pone de manifiesto los "amplios espacios para el fraude" que lastra el Consistorio y que fueron aprovechados por dicha empresa, según Beltrán Pérez.

En el citado expediente sancionador, recogido por Europa Press, se detallan aspectos como que los certificados finales de instalación, de contaminación del suelo, de alumbrado exterior y de prevención y calidad acústica "no vienen suscritos por el técnico con firma auténtica", toda vez que al no ser descrita la "capacidad de producción" de la empresa no era inicialmente posible determinar si procedía el trámite de la "auto calificación" de la declaración responsable u "otros instrumentos ambientales diferentes" como la autorización ambiental unificada o la calificación ambiental expresa.

LOS INCUMPLIMIENTOS

"En cualquier caso, al disponer de una superficie total construida superior a 300 metros cuadrados, (...) resultaría necesario obtener, previamente a la presentación de la declaración responsable, una calificación ambiental expresa", se advierte en el expediente, según el cual también procedía una evaluación de impacto sobre la salud y una valoración sobre tal aspecto que "no se presenta" en el caso de Magrudis, toda vez que media además un "grave error de concepto" en la documentación presentada, al definir como "inocua" la actividad o no detallar "el proceso productivo", entre otros aspectos que llevaron a que el 28 de agosto de este año, después de surgir el brote epidémico, el Ayuntamiento determinase que esta declaración responsable no había "surtido efecto".

Insistiendo en el aviso de que tal declaración responsable no debió ser ni tramitada, pues al contar las instalaciones de Magrudis con más de 300 metros cuadrados directamente procedía "otro cauce" administrativo para regularizar su actividad, como la autorización ambiental unificada o la calificación ambiental expresa, Beltrán Pérez ha conectado este caso con el "caos, descoordinación y descontrol" que padece la gestión de las licencias de actividad, extremo del que ha culpado al Gobierno local socialista.

Al respecto, ha avisado de que pese a que en 2018 fuesen aprobados unos nuevos estatutos para la Gerencia de Urbanismo al objeto de que dicho organismo autónomo del Ayuntamiento integrase las competencias de Medio Ambiente y constituyese una ventanilla única para la concesión de las licencias de obras y de actividades, pues las mismas se tramitaban por procedimientos separados, el servicio de Protección Ambiental, y por ende la gestión de las licencias de actividad, está actualmente encuadrado en el área municipal de Transición Ecológica y Deportes, es decir "fuera de toda dependencia orgánica y funcional de la Gerencia de Urbanismo".

"MOVIMIENTO INCONGRUENTE"

A este "movimiento erróneo e incongruente" a la hora de estructurar las áreas municipales en el nuevo mandato, según Beltrán Pérez, se une el "desmantelamiento" sufrido en los últimos años por la plantilla del servicio de Protección Ambiental, causando todo ello un "atasco" en la gestión de las licencias de actividad, pues tal extremo sólo contaría con tres personas en el negociado de Información de la Gerencia de Urbanismo y entre "cuatro y cinco técnicos" en el departamento de Protección Ambiental. "Los funcionarios no dan a basto", ha aseverado.

A tal efecto, Pérez ha rememorado que en el pleno ordinario de julio, los populares ya reclamaron información al alcalde sobre la evolución de la integración de las competencias de Medio Ambiente en la Gerencia de Urbanismo y, expresamente, ha reclamado una " unificación real" de la gestión de las licencias de actividad, así como que tal labor cuente con una mejor "organización" del personal y con "más recursos humanos, técnicos y económicos", a través de nuevas partidas en los próximos presupuestos municipales.