Este encuentro, celebrado en el Palacio de San Telmo y que constituye la segunda reunión de trabajo institucional entre ambas partes desde que el pasado día 15 se decretase la alerta sanitaria, llega después de que ambas administraciones conformasen una comisión técnica conjunta traducida en "distintos encuentros sectoriales" y creasen equipos conjuntos de trabajo especialmente para controlar e investigar la crisis alimentaria por la contaminación de productos de la empresa Magrudis con listeria monocytogenes.

Tras las diversas recriminaciones cruzadas entre ambas administraciones a cuenta del brote epidémico, el comunicado conjunto emitido por ambas expone que la empresa Magrudis, con sede en la ciudad de Sevilla, "es la única responsable de la crisis alimentaria que se ha producido, demostrándose además en el marco de las investigaciones realizadas que había incumplido las normativas autonómica y municipal con documentaciones incompletas, erróneas o simplemente inexistentes en los registros de la Consejería de Salud, la Consejería de Agricultura y el Ayuntamiento de Sevilla".

Y es que Magrudis habría comenzado a funcionar en 2013, pero hasta 2015 no se habría dado de alta en el registro autonómico sanitario, sin aportar entonces autorización municipal alguna, toda vez que la declaración responsable presentada por la empresa en diciembre de 2018 ha sido declarada sin efecto a finales del pasado mes de agosto, al ser detectado numerosos incumplimientos y carencias en el citado documento, por citar algunas de las incidencias relacionadas con la empresa.

LAS DENUNCIAS CONTRA MAGRUDIS

Del mismo modo, en el marco de las investigaciones, "se ha constatado su falta de colaboración y ocultación de informaciones esenciales", con lo que ambas administraciones recuerdan cada una de sus denuncias a la Fiscalía por la actuación seguida por Magrudis.

"El Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, en el marco de sus respectivas competencias, vienen manteniendo una línea de trabajo conjunta desarrollada por los equipos técnicos de ambas administraciones con total transparencia y con la misma línea de colaboración que viene existiendo desde que se realizó el primer análisis en el laboratorio municipal para detectar el origen de los brotes de listeriosis", sostienen ambas instituciones, después de las críticas cruzadas en cuanto al etiquetado de las muestras entregadas al laboratorio municipal para identificar el producto del cual derivaba el brote.

En este sentido, y tras los reproches intercambiados entre ambas partes, los consejeros del Gobierno andaluz y el alcalde de Sevilla han coincidido en reconocer y destacar "la profesionalidad y la dedicación completa de los equipos técnicos de ambas administraciones".

"Tal y como viene ocurriendo hasta el momento, la Junta de Andalucía mantendrá la coordinación de todas las acciones y medidas que se lleven a cabo en el marco de la declaración de alerta sanitaria, competencia exclusiva autonómica, contando con todo el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla en el marco de sus competencias y de los convenios de colaboración existentes en estos momentos", exponen ambas instituciones.

"LÍNEA CONJUNTA" ANTE LA FISCALÍA Y LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Y para "reforzar esta coordinación en la investigación y mejorar los sistemas de control", durante el encuentro ha sido acordado que

el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento "mantendrán una línea coordinada y conjunta de intervención en las denuncias formuladas ante la Fiscalía por ambas administraciones y en la investigación judicial contra la empresa Magrudis, como responsable de un delito contra la salud pública y única y principal responsable de la crisis alimentaria".

Además, ambas instituciones se comprometen a "reforzar la coordinación entre las distintas consejerías y delegaciones municipales, respetando el ámbito de sus respectivas competencias en materia de Salud y Consumo para mejorar los controles previos en salud alimentaria, las inspecciones posteriores y la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier situación de crisis sanitaria".

Finalmente, han acordado "configurar un equipo conjunto de trabajo (comisión técnica), en el que se dará entrada a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), así como ayuntamientos de las grandes capitales (en especial Granada y Málaga) para establecer las modificaciones legislativas necesarias para aumentar los sistemas de control previo especialmente en industrias y establecimientos cuya actividad pueda suponer un riesgo para la población".