Así lo han denunciado los diputados regionales Beatriz Polledo, José Manuel Felgueres y Javier Brea, y la teniente de alcalde popular de Cangas de Onís, Marifé Gómez, tras reunirse con funcionarios de este juzgado. Los populares han trasladado su apoyo a los trabajadores ante "el total abandono" que sufre este juzgado por parte del gobierno socialista en los últimos años.

En este sentido, subrayan la "escasa" dotación de personal pese a la "ingente" carga de trabajo que presenta dicho juzgado que recuerdan, "es una de las más altas de Asturias ya que este partido judicial abarca los municipios de Cangas de Onís, Ribadesella, Arriondas, Ponga y Amieva".

Pese al volumen que supone dar servicio a todos estos concejos, lamentan que solo cuente con siete funcionarios "cuando en otros partidos judiciales con una carga similar, disponen de muchos más recursos humanos". "No podemos entender esta discriminación y abandono por parte del gobierno socialista", ha indicado Polledo.

Además, ha añadido la popular, "el Principado no puede escudarse en un supuesto desconocimiento de esta situación de precariedad ya que las necesidades de este juzgado son de sobra conocidas por parte de la Dirección General y venían también recogidas en la Memoria Judicial del año 2015". Polledo ha señalado que el "atasco" se produce en lo relativo a las ejecuciones civiles, "con casi 700 expedientes en trámite, siendo inabarcable por los funcionarios dar salida a los mismos a la vista de dicho volumen".

Desde el PP solicitan al Gobierno de Adrián Barbón que aumente la plantilla "en al menos dos plazas de funcionarios (tramitadores), para que no se produzca este cuello de botella en las ejecuciones civiles".

Por último, han denunciado que los funcionarios que hayan trabajado el mes de agosto por la tarde, como medida para paliar la situación, se vayan a quedar sin la retribución correspondiente y reclaman una solución "inmediata" para atajar esta situación "totalmente injusta" para los trabajadores de la Administración de Justicia y para los ciudadanos que "reclaman una justicia mucho más ágil y de calidad".