El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha lamentado este martes que frente a la "lealtad institucional" del Consistorio y su "colaboración" con la Junta ante al brote de listeriosis provocado por la empresa Magrudis al comercializar carne mechada contaminada con la citada bacteria, el Gobierno andaluz de PP y Cs se haya dedicado al "ruido político" con "inaceptables e intolerables críticas infundadas y precipitadas" hacia el Ayuntamiento, acusaciones que incluso incurren en el "absurdo".

En declaraciones a los medios de comunicación, Espadas ha lamentado la evolución en la vertiente política del brote de listeriosis derivado de la contaminación de carne mechada producida por Magrudis en su fábrica de Sevilla con dicha bacteria, toda vez que el Gobierno andaluz de PP y Cs ha acusado al Ayuntamiento de dificultar la gestión de la situación al facilitar la información "a cuentagotas" o incurrir en supuestas omisiones, mientras el Consistorio atribuye tales aspectos a la actuación del gerente de la empresa y el PSOE y Adelante han reclamado la dimisión de Jesús Aguirre como consejero de Salud, por supuestas demoras en la respuesta al brote (que él niega) y sus "mentiras sistemáticas" sobre el asunto.

En ese contexto, Espadas ha aseverado que la única entidad "responsable" del brote es Magrudis dado el episodio de contaminación de sus productos con la bacteria Listeria monocytogenes, avisando de que el empresario que gestiona Magrudis "no ha actuado de manera diligente" y además no está prestando "la colaboración exigible", toda vez que el Ayuntamiento ha denunciado a Magrudis ante la Fiscalía por un posible delito contra la salud pública y "graves irregularidades", como darse de alta en 2015 en el registro autonómico de empresas alimentarias sin licencia municipal de actividad y funcionar sin presentar hasta diciembre de 2018 una declaración responsable, que además ha sido revocada al no ceñirse a los requisitos.

"Está muy claro que la responsabilidad del brote es de la empresa", ha insistido Espadas, exponiendo que en este caso confluye además la circunstancia de "los engaños de alguien que no quiere cumplir las normas", en alusión a los sucesivos incumplimientos atribuidos a Magrudis.

Por eso, ha lamentado que mientras el Ayuntamiento ha mantenido "una absoluta lealtad institucional" para que prevaleciese el "esquema de gestión" según el cual el "mando único" a la hora de liderar las actuaciones ante el brote de listeriosis corresponde a la Junta de Andalucía como "autoridad sanitaria", con la "colaboración" del resto de administraciones implicadas, "otros han visto" una oportunidad para el "ruido político", lo que se ha traducido en "críticas infundadas y precipitadas de la Junta" hacia el Consistorio, para "intentar confundir o difuminar" las responsabilidades.

AL JUZGADO

"Un portavoz ha hablado poco más o menos de que el responsable del brote es el Ayuntamiento. Deberíamos llevarle al juzgado por imputarnos un delito contra la salud pública", ha aseverado el alcalde, avisando de que el Consistorio hispalense ha sido objeto de acusaciones "inaceptables, injustas e intolerables".

Así, frente al error en el etiquetado de las muestras de productos analizadas en el laboratorio municipal para averiguar de qué alimento procedía el brote de listeriosis, extremo alegado por el Gobierno andaluz de PP y Cs, Espadas ha defendido que las muestras de carne "llegaron al laboratorio municipal etiquetadas por los inspectores de la Junta", que de otro lado "no ha remitido aún un informe en el que base esa crítica".

Del mismo modo, y después de que el Gobierno andaluz reprochase al Ayuntamiento que no comunicase supuestamente la situación de chorizos y morcillas que Magrudis habría comercializado sin informar a las autoridades, el alcalde ha atribuido a la propia empresa estas "ocultaciones" tanto al Consistorio como a los inspectores de la Junta. "¿En qué cabeza cabe que una administración que está colaborando técnicamente con otra va a ocultar información o a darla con cuentagotas?", ha preguntado retóricamente, alertando de la difusión de acusaciones "intolerables" y "absurdas".

NINGUNA COMPETENCIA A REVOCAR

Además, ha lamentado que desde la Junta se "introduzcan dudas en materia de seguridad alimentaria respecto a los controles e inspecciones", exponiendo que cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, habla de recuperar para la Junta de Andalucía las competencias en Salud Pública, hay que tener en cuenta que "las competencias en salud y consumo son propias de los ayuntamientos" y así figura en la Ley de Autonomía Local de Andalucía, mientras los inspectores veterinarios adscritos a ayuntamientos como el de Sevilla no derivan de ninguna "competencia delegada de la Junta", sino de un reglamento estatal "de 1953". "No hay ninguna competencia delegada que se pueda revocar", ha zanjado.

En el asunto ha pesado, a su juicio, "el modelo actual de autocontrol" que rige en las empresas, como consecuencia de los cambios legislativos acometidos en la década de los años 2000, lo que le ha llevado a rememorar la Ley Ómnibus y la "liberalización" del sistema de implantación de las actividades frente al modelo anterior ceñido a autorizaciones previas por parte de las administraciones.

Y es que tal "modelo de autocontrol" por parte de las empresas, según ha dicho, "no es lo mismo que un sistema de control previo" por parte de las instituciones y tal extremo permite que "cuando una empresa quiere engañar a la administración, al final se sale con la suya y la administración llega tarde para resolver los problemas". En ese mismo contexto, ha ceñido a la investigación ya en marcha la averiguación de si la empresa "cumplía" los requisitos para obtener la declaración del nivel de autoprotección C a la que podía optar, cuya consecución le permitió mayor flexibilidad en materia de inspecciones.

DESDE LA ETAPA DE ZOIDO

En cualquier caso, ha insistido en las prácticas seguidas por la empresa, rememorando que habría empezado a operar en 2013 sin autorización, algo de lo que no "se dieron cuenta" ni el Ayuntamiento, entonces gobernado por el popular Juan Ignacio Zoido, ni la Administración andaluza entonces en manos de los socialistas, preguntando retóricamente "por qué" no actuó la Consejería de Agricultura cuando Magrudis se dio en 2015 de alta en el registro autonómico de empresas alimentarias, pues se trata de una "industria agroalimentaria".

Así, el alcalde de Sevilla ha considerado que el Gobierno andaluz de PP y Cs "nunca debió haber hecho una crítica política a la administración con la que estaba colaborando" en el plano técnico, porque es necesario "distinguir" lo institucional de lo político y circunscribir la "refriega" al ámbito de los partidos.

En paralelo, ha reconocido que la situación suscita la idea de una "revisión de los procedimientos" y la promoción de "más mecanismos" para perseguir los incumplimientos. "Hablemos sobre cómo se han ejercido los controles, en una mesa, como administraciones leales, pero hablemos de todo: del autocontrol que incumplió el propio empresario y de otros controles que tenía que llevar a cabo la Junta", ha enfatizado.