Ha solicitado información al Ayuntamiento de Lleida, a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) y a la Conselleria de Salud de la Generalitat.
También ha pedido que se valore el funcionamiento de los protocolos de coordinación existentes para determinar si se dieron signos previos de maltrato que no se detectaron adecuadamente.
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