"Nos solidarizamos igualmente con todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ante el acuerdo suscrito entre Fiscalía y defensa quedan indefensos ante agresiones de esta naturaleza y vemos cómo, sin una acusación particular que nos defienda en estos casos, los organismos del Estado no protegen de forma adecuada a los agentes que son agredidos, con peticiones de penas a todas luces insuficientes", han señalado en un comunicado.

De este modo, han indicado que les provoca "un profundo malestar" esta decisión y "una sensación de abandono y desamparo que el Ministerio Fiscal llegue a este tipo de acuerdos".

Además, ha destacado que se trata de unos hechos que han sido observados por muchos ciudadanos, por lo que, "si no se actúa de forma contundente se está ofreciendo una sensación de inseguridad hacia los agentes y de seguridad a los agresores que no son condenados de forma adecuada por las agresiones que puedan realizan contra los agentes de la autoridad".

Por ello, desde AUGC han respaldado la petición de la acusación particular al considerarla "más ajustada a los hechos, tal como se ha demostrado y esperamos que el tribunal tenga en consideración las alegaciones presentadas por dicha acusación".

Para la AUGC, "la labor de los trabajadores de la seguridad pública debe ser apoyada por todos los estamentos del Estado, y en especial cuando existen agresiones hacia ellos, con la petición de condenas adecuadas a las agresiones para que el agente se sienta protegido y los agresores tengan la certeza de que serán condenados con condenas proporcionadas".

AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos.