Así se ha expresado el equipo de gobierno -que forman PSIB, MÉS y Podemos- en un comunicado difundido después de la imputación de la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda y

Sostenibilidad, Neus Truyol, por su gestión al frente de Medio Ambiente en la legislatura anterior.

"El equipo de gobierno asegura que durante la última legislatura no se ha cometido ningún tipo de irregularidad y que siempre ha obrado y velado por el interés general, el bien común, y la protección del medio ambiente.", han señalado en el comunicado, en el que piden "respetar el secreto de sumario". Se investiga un posible delito medioambiental y si se gestionaron correctamente los recursos municipales para intentar resolver el problema de los vertidos.

En este sentido, desde Cort han defendido que durante la anterior legislatura "se trabajó intensamente y de forma prioritaria desde Emaya para proteger el medio ambiente y eliminar vertidos, una acción que no se produjo durante anteriores mandatos".

En el comunicado, el equipo de gobierno también manifiesta su respaldo a la exgerente de la empresa pública, Imma Mayol.

Por otra parte, Cort se ha comprometido a "facilitar más información a la opinión pública tan pronto como el juez dicte el levantamiento del secreto", y ha reafirmado su "máxima colaboración" con las autoridades judiciales "en base a los principales de transparencia y responsabilidad institucional".

Según han informado fuentes municipales, el pasado lunes el actual gerente de Emaya, Ramón Perpinyà, convocó al Consejo de Administración de la empresa pública -del que forman parte representantes de la oposición- para informarles de la existencia de la investigación tras publicarse que la Guardia Civil había registrado la sede de Emaya. La investigación arrancó a raíz de la denuncia de un particular.

Por otra parte, existe otra denuncia presentada por una asociación de navegantes presentada a finales de mayo contra la Conselleria de Medio Ambiente del Govern. La entidad pide que se investigue si pudo incurrir en algún delito por no perseguir los vertidos de aguas residuales por el daño a las praderas de Posidonia. Según fuentes próximas al caso, el Juzgado de Guardia trasladó la denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente.