Ambos representantes han mantenido este miércoles una reunión en la sede de la Institución provincial, tras la cual el diputado provincial ha aseverado que no pueden aceptar la posición que afirman que plantea Saravia y que supondría que la Diputación "renuncie a derechos" por valor de algo más de cinco millones de euros, cantidad en la que el informe de técnicos provinciales cifra la liquidación a favor de la Institución dirigida por Conrado Íscar.

El diputado y portavoz del grupo popular de la Diputación ha ironizado sobre la "voluntad tardía" de Manuel Saravia para llegar a un acuerdo, pues ha reprochado que en los "cuatro años" que lleva este proceso a lo largo de los cuales la Institución provincial ha presentado varias alegaciones antes de recurrir a la vía judicial, habría habido tiempo para "sentarse" y tratar de llegar a acuerdos en cuanto al montante de la liquidación.

Sin embargo, Hernández, que ha afirmado que el Ayuntamiento reclamó a la Diputación 4 millones de euros por esta liquidación a finales de 2016, ha recalcado que ahora no pueden aceptar las pretensiones del concejal de Planeamiento Urbanístico de la capital.

En este momento, Hernández ha añadido que la Diputación de Valladolid está a la espera de la resolución judicial de la demanda sobre la liquidación de los costes de urbanización del Plan Parcial Villa del Prado, si bien ha matizado que siempre estarán dispuestos a "hablar" y "sentarse" con el Ayuntamiento pero no a aceptar el planteamiento del edil de Valladolid Toma la Palabra ya que asegura que propone que la Diputación "renuncie a derechos que le corresponden por un montante de mas de 5 millones de euros".

En todo caso, espera que la resolución estime que la liquidación practicada por el Ayuntamiento "no se ajustaba a derecho" e inste a realizar una nueva liquidación con datos reales y conforme a derecho.

Así, ha apuntado que los derechos, cifrados en más de 5 millones de euros, que corresponderían a la Diputación se basan en informes técnicos de funcionarios de la casa y no se trata de "un criterio político". Así, de la documentación aportada por el Ayuntamiento y la información facilitada por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) sirven para llegar a la conclusión de que la liquidación devengue en ese saldo favorable a la Institución provincial.