Se tiene constancia de, al menos, cincuenta víctimas identificadas con las que el grupo llegó a obtener unos beneficios económicos superiores a los 750.000 euros. La trama consistía en prometer a esas mujeres -todas procedentes de Nicaragua- un buen trabajo en España y, una vez aquí, trabajar cuidando ancianos en domicilios y hospitales y arrebatarles el 90 o 95 por ciento de su sueldo aduciendo una deuda que ellas habían adquirido al aceptar el trabajo.

El grupo estaba formado por cuatro mujeres -dos de ellas hermanas- y tres varones de un mismo clan familiar nicaragüense, de entre 19 y 41 años. Los miembros de este grupo actuaban de manera estructurada, organizada y jerarquizada desde sus dos bases de operaciones establecidas en Logroño y Alfaro (La Rioja) y en Huesca (Aragón).

Una de las cabecillas del grupo fue detenida en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez cuando intentaba introducir en España a otras tres víctimas procedentes de Nicaragua para su explotación. El resto de detenciones se realizaron de manera simultánea en La Rioja y Huesca, lugares en los que también se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios.

A todos los detenidos se les considera presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

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