Las subvenciones están destinadas a financiar la contratación de personas desempleadas, por municipios y entidades locales menores de la Comunidad, para que aquéllas puedan adquirir experiencia profesional que favorezca su inserción laboral y la mejora de su ocupabilidad.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha indicado que estas contrataciones podrán ir dirigidas a proveer de conserjes a los colegios, para la conservación y mantenimiento de infraestructuras, para servicios de proximidad y para áreas como el turismo, la economía verde y circular, las nuevas tecnologías o servicios administrativos y auxiliares.

Asimismo, estas contrataciones se llevarán a cabo a través de los 388 ayuntamientos extremeños y las 22 entidades locales menores, ha indicado Vara en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

De acuerdo con la orden de convocatoria, la concesión de la subvención a las entidades locales deberá ser proporcional a las cifras de demandantes de empleo y de población en edad laboral de cada una de ellas, tomando como referencia los datos correspondientes al 1 de enero de 2019.

Asimismo, según se establece en el decreto que regula estas ayudas, la cuantía de la subvención por cada puesto de trabajo será equivalente al importe de los costes salariales subvencionables, con un límite de 12.000 euros por cada contratación y con independencia de que el puesto pueda ser ocupado por más de una persona trabajadora.

En esta línea, y preguntado por los medios por si esta convocatoria tuviera alguna novedad, el presidente de la Junta ha indicado que, en la medida en la que se pueda, es deseo de la Junta

dar a los ayuntamientos "el máximo de autonomía" y condicionar "lo menos posible" a qué dedicar los fondos de estas subvenciones.

"Lo que queremos es que se sientan cada día con más autonomía a la hora de decidir. ¿Qué marcamos? Marcamos unos criterios, básicamente este plan debe ir dirigido a personas que inician su recorrido laboral", ha recalcado.

En esta línea, ha avanzado que "donde se van a producir muchos cambios" es en el Plan de Empleo Social, que a lo largo de septiembre se acabará de definir con las diputaciones provinciales y que tendrá, como cambio principal, apostar por la "calidad en el empleo".

"No podemos estar pidiendo que se deroguen reformas laborales y que se produzcan luego planes públicos con jornadas partidas, jornadas parciales o salarios por debajo del salario mínimo", ha aseverado.

DATOS DEL PARO DE JULIO

También y preguntado por los datos de paro registrados en la comunidad en el pasado mes de julio, en donde el número de desempleados bajó en 114 personas y subió en el sector de la agricultura, Vara ha indicado que esta subida en agricultura podría constituir una cuestión que va a seguir ocurriendo en el futuro.

"Va a haber momentos en los que los empleos no van a salir de las listas del paro sino de población de fuera que va a tener que venir y eso está siendo una realidad este año y lo va a ser en las campañas de otoño", ha dicho.

Así, Vara ha dicho que cuando la región esté más cerca de los 80.000 desempleados que de los 90.000, algo que podría ocurrir, según Vara, en "los dos próximos años", va a ser necesario la puesta en marcha de estrategias de acompañamiento de personas procedentes de otros países porque "no va a haber suficiente en España".

En esta línea, el líder del Ejecutivo regional ha indicado que era "mucho más fácil" trabajar por disminuir el empleo cuando había 140.000 parados en la región que cuando se está entrando en la senda del paro estructural, situada en el entorno de los 70.000 desempleados, por lo que ha considerado acertado haber unido en un mismo área Educación y Empleo.

Por otro lado, y preguntado por las protestas de varios colectivos ante el proyecto de instalación de parques eólicos en la zona de Montánchez (Cáceres) y su convivencia con iniciativas turísticas, Vara ha mostrado su respecto hacia la libertad de expresión tanto de quienes quieren plantear proyectos empresariales como de los que no los quieren.

Así, como ha asegurado, el papel de la administración autonómica en estos casos debe ser trabajar en la "correcta y justa aplicación de las leyes".