La Plataforma de afectados por las hipotecas de València (PAH) ha exigido al Consell "decisiones valientes" para "garantizar el derecho a la vivienda" como la limitación del precio de alquiler, la ampliación del parque público de vivienda a través de la expropiación de viviendas vacías de entidades financieras o el desarrollo de la Ley valenciana de la Función Social de la Vivienda.

Así lo han manifestado representantes de la Plataforma de afectados por las hipotecas de València (PAH) antes de la reunión que han mantenido con el conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, en la que han denunciado la venta de vivienda pública y la necesidad de derogar las "Leyes mordazas".

En el encuentro mantenido este viernes, han planteado una limitación del precio del alquiler para que "no pueda depender de quienes están acumulando viviendas", algo "absurdo e inaudito". Además, han reivindicado la existencia de un "colchón" de vivienda pública para "rebajar" esta situación. En este sentido, han recordado que en Europa el porcentaje de vivienda pública sobre el total de inmuebles es de alrededor del 15 por ciento mientras que en España apenas alcanza el 1,4%.

El colectivo ha insistido en la fijación de un índice "incentivador" a nivel estatal con objeto de limitar los precios de alquiler así como el impulso de una planificación para una política de vivienda pública y la nacionalización de Bankia.

En relación al último informe del Banco de España, que mantiene que en los últimos cinco años se ha incrementado el precio del alquiler en más de un 50%, la asociación de afectados por la hipoteca ha denunciado una serie de "dificultades que ocasionan que gente trabajadora no pueda llegar a pagar el alquiler". "Un porcentaje muy significativo de familias dedican más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler", han apuntado.

Asimismo, el colectivo ha trasladado al conseller medidas "para acabar con los desahucios y la emergencia habitacional" ya que, según ha denunciado la plataforma de afectados en base a datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los desahucios por impagos de alquiler han aumentado en el primer trimestre de 2019 y ya suponen el 65,61% del total en España y el 60% en la Comunitat.

Así, ha denunciado que en 2019 se han producido 15.569 desahucios por alquiler, 2.119 de ellos en la Comunitat. Desde la PAH han exigido a la Conselleria que se "posicione claramente para que no haya ninguna familia que sea tirada a la calle sin tener otra alternativa habitacional".

DESARROLLAR LA LEY DE FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA

Otra de las medidas que han planteado en el encuentro es el desarrollo, principalmente en dos aspectos, de la Ley valenciana de la Función Social de la vivienda. Por un lado, para "avanzar en el derecho subjetivo a la vivienda" y, por otro, con el objetivo de "desarrollar los protocolos pendientes, especialmente el que hace referencia a las viviendas vacías de las grandes inmobiliarias".

Además, ha criticado que desde que se inició la crisis un total de 645.938 familias en España -109.394 en la Comunitat- han sido desahuciadas fruto de una ley "abusiva". "La responsabilidad no solo tiene que estar en la familia, sino también en la banca", han expresado, por lo que han exigido que la Conselleria y el Gobierno central "pidan responsabilidades a los bancos".

AMPLIAR EL PARQUE PÚBLICO

Respecto a la ampliación del parque público de vivienda, han apuntado a la expropiación del uso de la vivienda vacía de entidades financieras para "garantizar" el derecho de acceso a ella. "Mientras que hayan familias sin hogar, no tiene sentido que la vivienda no sea un derecho sino solo un bien para especular", han aseverado.

Así, la PAH ha requerido que las viviendas de Bankia y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) pasen a ser propiedad de la Administración mediante expropiaciones. "El avance en los cambios necesarios en el marco del Estado pasa por la modificación las normas burocráticas que impiden que la administración pueda tener viviendas", ha añadido.

La plataforma de afectados ha exigido al conseller de Vivienda "decisiones valientes" como la ampliación de las moratorias y los contratos de alquiler para "recuperar el parque público de la Generalitat" así como una revisión del plan trienal de vivienda del Estado.

Ha incidido en que los alquileres sociales que se consiguieron en la época de la crisis "ya están finalizando y muchos de ellos están vendidos a fondos buitre", por lo que han abogado por alargar el alquiler social "para evitar que en mayo de 2020 sean desahuciadas 27.900 familias".