Así, se busca la disminución de los riesgos de accidentes y su gravedad, aportar proyectos encaminados a la mejora de las infraestructuras y de colaborar con otras Asociaciones y Fundaciones de Víctimas para ofrecerles asistencia y ayuda.

La firma señala que quiere poner en marcha esta iniciativa con los más de dos millones de euros que prevé por "una reclamación por los daños y perjuicios que ha sufrido durante los últimos dos años, ocasionados por el desvío obligatorio a la AP-68, y de la que ahora la Justicia ha dicho que carece de justificación".

Esta reclamación económica "podría superar los dos millones de euros, al incluir los gastos de peajes, el coste de los kilómetros "extra" realizados por los rodeos obligados y las pérdidas de tiempo producidas al conducir estos kilómetros de más de toda su flota.

Con la creación de esta Fundación, Grupo Logístico Arnedo pone de manifiesto que "su oposición a esta medida nunca ha tenido un trasfondo lucrativo ni interesado, y sí la certeza de que esta medida no venía a solucionar el verdadero problema, que no es otro que la falta de infraestructuras en La Rioja".

Grupo Arnedo recuerda que "nunca ha demandado que los camiones transiten por la N-232 tal cual estaba en 2017, totalmente sobresaturada de todo tipo de vehículos", al tiempo que considera que "La Rioja sufre un agravio comparativo con el resto de Comunidades Autónomas y se merece una vía segura y de alta capacidad".

"Siempre ha defendido y propuesto como solución al problema que existía de seguridad vial, en primer lugar la libertad de circulación, que se produzca de una vez la eternamente

postergada gratuidad con la liberalización de la AP-68, ó en segundo lugar, el desdoblamiento completo de la N-232 y N-124, que deben ser autovías, sin coste ni para los transportistas ni para el resto de usuarios, como tienen todas las demás Comunidades Autónomas", añaden desde el Grupo.

Apunta la firma que "La Rioja necesita inversión urgente en infraestructuras si no quiere quedarse atrás en el desarrollo global del Estado, que es lo que está ocurriendo en las últimas décadas sin que las Administraciones Públicas hagan nada para impedirlo" y afirma que "una Comunidad Autónoma que, como La Rioja, carezca de vías rápidas gratuitas está abocada lentamente a la despoblación y al fracaso".

Indica que el descenso de habitantes en la última década ha alcanzado un 7,98%. Esto supone una pérdida de población mayor a la de todo su entorno, incluso mayor a la de la provincia de Soria (6,3%), Burgos (4,4%) y Zaragoza (0,05%) y muy lejos del País Vasco y Navarra donde el número de habitantes ha aumentado en la última década.

Los últimos informes económicos, por ejemplo el de BBVA, apuntan que durante el 2018, y por segundo año consecutivo, la región registró un crecimiento económico por debajo del promedio nacional, y que las tasas previstas son unas de las más bajas

del conjunto de las Comunidades Autónomas.

"Lo que nos lleva a preguntarnos ¿Qué nueva empresa o multinacional querrá instalarse en una región mal comunicada, que con medidas restrictivas de la circulación del transporte de mercancías por carretera aisla todavía más al mundo rural?, desgraciadamente nuestra percepción es totalmente negativa, en los últimos años se ha producido una importante deslocalización de empresas en La Rioja", se plantea la firma.

En este sentido, Grupo Arnedo "rema contracorriente", optando por La

Rioja para llevar a cabo sus proyectos empresariales, generando actividad y creación de empleo; desafiando los indicadores demográficos, económicos y de localización negativos.

Incide en que "la medida impuesta por la DGT de prohibir la circulación de vehículos de 4 ejes o más por la N-232, ha causado problemas de todo tipo a los transportistas, primero de índole familiar, dificultando la conciliación laboral, ya que los conductores de esos vehículos que tienen su domicilio en localidades riojanas que no disponen de peajes directos desde la AP-68 se les prohíbe abandonar esa vía para comer, descansar o pernoctar en su propia casa, obligándoles a hacerlo en las áreas de servicio de la AP-68".

En segundo lugar, "de índole laboral, penalizando a los propios conductores riojanos, que están obligados a realizar trayectos más largos por la falta de permeabilidad de la AP-68, no existen los peajes necesarios para facilitar el acceso a todas las poblaciones riojanas, dedicando más tiempo y recursos, dando rodeos innecesarios debiendo realizar trayectos por la AP-68 con los tramos imprescindibles por la N-232, o incluso a circular por carreteras secundarias que son mucho más peligrosas y están obligados a realizar los descansos de conducción en áreas de descanso de la AP-68 inadecuadas por la falta de servicios para los conductores, insuficientes y más inseguras".

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso y ha fallado a favor de Grupo Logístico Arnedo declarando nulo el RD 1023/2017, estimando que "la medida restrictiva de la DGT lo es todos los días del año a todas las horas, por lo que es una auténtica medida prohibitiva"; "el Gobierno de La Rioja ha comprometido millones de euros de su presupuesto, destinados a sufragar la supuesta mejora de dos vías estatales, de titularidad y gestión estatal, como son la N-232 y la N-124, ámbitos en los que carece de competencias".

Añade que, además, existe "la falta de justificación de la disposición impugnada",

"la vulneración del principio comunitario de no discriminación", "la vulneración del principio comunitario de recuperación de costes" y "falta de competencia del Gobierno de La Rioja para la firma del convenio".

El "parche" que supone la medida adoptada y que ahora el Tribunal Supremo ha considerado injustificada, "no resuelve el problema de las infraestructuras en La Rioja". "Hace falta inversión institucional, el compromiso de nuestros gobernantes, altura de miras y visión de futuro, y no conformarse con que sean los ciudadanos con sus impuestos los que tengan que suplir la falta de inversión en esta tierra durante décadas", dice.

Los impuestos de los riojanos "se deberían destinar a servicios sociales necesarios como sanidad, educación, dependencia,... Las carreteras y vías rápidas del Estado son de su competencia, debe ejecutarlas y mantenerlas el Estado, como en las demás comunidades".

Por ello, Grupo Arnedo emplaza a todos los agentes económicos y sociales, una vez más, como hiciera antes de acudir a los Tribunales que ahora le han dado la razón, "para que adopten soluciones menos drásticas y gravosas para el sector de transporte manteniendo como objetivo final la ejecución de las infraestructuras de alta capacidad que La Rioja necesita".

"Resulta contradictorio que las normas que regulan el transporte de mercancías peligrosas sean menos restrictivas que el Reglamento de la DGT que obliga a circular a los vehículos pesados de 4 o más ejes por la AP-68. Es lamentable que actualmente, "en la era de las comunicaciones", en La Rioja dispongamos únicamente de una carretera nacional con una limitación a 90 kilómetros por hora", dicen desde Grupo Arnedo.

Y finalizan señalando que "resulta una total contradicción que exista un parque de vehículos pesados y ligeros mejor dotados tecnológicamente y que la administración como mejora de la vía haya adoptado la medida de "pintar" una línea continua en el 90% del recorrido de la N-232 por La Rioja, máxime cuando esta vía soporta todo el tráfico de vehículos especiales".