Trampolín acusa a la Comunidad de retrasar una urbanización por interés del PP

  • El presidente de la promotora dice que la familia del edil tiene terrenos cercanos.
  • El concejal del PP, Miguel Buendía, negó que quiera vender los terrenos.
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El presidente de la promotora inmobiliaria Grupo Trampolín, Antonio González, acusó hoy a la Consejería de Obras Públicas de retrasar la aprobación del complejo que promueve en Campos del Río porque, dijo, un
concejal del PP en ese municipio tiene intereses familiares en unos terrenos cercanos a la urbanización, que su empresa no quiso comprar.

González, junto a compradores de esa promoción y vecinos de Campos del Río, se manifestó hoy a las puertas de Obras Públicas para denunciar el "injustificado" retraso en la aprobación del proyecto, que según dijo obtuvo la autorización del pleno de Campos del Río en agosto de 2007 y se encuentra a la espera del visto bueno de la Comunidad Autónoma.

El concejal y portavoz del PP en el ayuntamiento de Campos del Río, Miguel Buendía, tener intereses relacionados con el proyecto del Grupo Trampolín, reconoció que su familia es propietaria de terrenos rústicos cercanos a la futura urbanización, aunque, insistió, no se ha pedido el cambio de uso para ellos ni se han tratado de vender al promotor.

El Grupo Trampolín promueve en Campos del Río la construcción de un campo de golf y 2.575 viviendas, a precios "muy competitivos", según su presidente, en un gran complejo residencial cuya primera fase tenía que haberse entregado hace tres meses.

Antonio González criticó que la familia del concejal del PP Miguel Buendía tiene 45.000 metros cuadrados de suelo rústico en las inmediaciones de la urbanización, y participó votando en contra en el pleno en que se aprobó el proyecto, "cuando debía haberse abstenido".

Este empresario opinó que el origen del retraso administrativo puede estar en las diferencias de Trampolín con el concejal del PP, que "quiere casi tres millones de euros" por el terreno, a razón de 60 euros el metro cuadrado, "cuando valen ocho o nueve euros el metro".

González dijo que la demora en la construcción le ha ocasionado 30 millones de euros en pérdidas, y avanzó que mañana volverá a manifestarse ante Obras Públicas para buscar una solución a este problema, que de no llegar derivará el jueves "en una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, para que investigue de oficio".

De no llegar una solución presentará una denuncia ante la Fiscalía del TSJ de Murcia

Según el presidente de Grupo Trampolín, el director general de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, le comunicó la pasada semana que su departamento "está mirando ahora con lupa todos los proyectos" a raíz de las investigaciones judiciales en Torre Pacheco por la relación de ese ayuntamiento con la promotora Polaris World.

El concejal Miguel Buendía negó que su familia haya negociado con el Grupo Trampolín para la venta de ese terreno, que es rústico y no está afectado por el cambio de uso solicitado por la promotora, e informó de que ésta ha explanado un millón de metros cuadrados y ha construido un edificio de oficinas y cinco casas "piloto" sin licencia del ayuntamiento.

Buendía aseguró que desde noviembre de 2004, fecha en la que se pidió la recalificación de esos terrenos, el proyecto ha sido objeto de "numerosas irregularidades", que hicieron al PP presentar en febrero de 2007 un recurso contencioso-administrativo pidiendo la nulidad del proyecto, y en mayo del mismo año una denuncia en la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia contra el equipo de gobierno por presunta "prevaricación, falsedad documental y negociaciones prohibidas".

El portavoz del PP negó que el proyecto de Trampolín fuera aprobado en agosto por el pleno municipal, como sostiene el promotor, y dijo que el equipo de gobierno, tras varias recusaciones del PP al alcalde y concejales socialistas y otros tantos plenos municipales en los que se eliminó ese punto del orden del día, convocó el 12 de marzo una sesión extraordinaria en la que informó a la corporación de que se habían subsanado las deficiencias advertidas por la Comunidad, lo que daba por aprobado el expediente.

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