El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado este lunes su propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que contempla una supresión de aforamientos más profunda que la planteada por PP y Ciudadanos, así como blindar la inversión social en los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC).

Así lo ha explicado la secretaria general del Grupo, Patricia Gómez, quien ha criticado que tanto 'populares' como naranjas no se dirigieran a los socialistas antes de presentar su propuesta el pasado viernes para intentar buscar una reforma de consenso, ya que las propuestas del PSOE "eran conocidas" y para llevar a cabo cualquier cambio en la norma básica de la Comunidad se precisa de una mayoría de dos tercios, lo que requiere contar con su formación, que es la que cuenta con más procuradores en la Cámara, como ha recordado.

La propuesta del PSOE, registrada el pasado viernes a las 14.25, poco después de que PP y Cs anunciaran la suya, promueve, por un lado, la adición de un nuevo artículo, que sería el 14.bis, para que los PGC recojan un mínimo de inversión social equivalente al menos al doce por ciento del PIB castellanoleonés, a fin de "garantizar la calidad de la sanidad, de la educación, de la atención a los dependientes, la lucha contra la pobreza, el acceso a la vivienda o las políticas de fomento del empleo", y que suponga "una cláusula de garantía para una igualdad real y efectiva de la sociedad".

Asimismo, contempla que la dotación de cada ejercicio destinada a este objetivo, con independencia del porcentaje del PIB, "no será inferior a la del ejercicio anterior", mientras que los derechos sociales de los castellanoleoneses se garantizarán "en condiciones de equidad" en todo el territorio de la Comunidad.

Por último, dicho artículo 14.bis establece que las Cortes aprueben una ley que regule los estándares mínimos de cobertura y de acceso a los servicios, así como al "derecho a internet" para el conjunto de la región, sus provincias y los distintos ámbitos funcionales y de organización territorial.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Gómez ha defendido, además, que el derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y a la Red de Protección a Personas y Familias sea aplicable "a todos los ciudadanos" y "no sólo a los que en un momento determinado se encuentran en exclusión social".

AFORAMIENTOS

En cuanto a la supresión de aforamientos, la secretaria general del Grupo Socialista ha advertido de que la propuesta de PP y Cs se limita, según ha insistido, a los casos de "comisión de flagrante delito" por parte de los procuradores, mientras que la reforma que promueve el PSOE pretende que los éstos sólo disfruten de inviolabilidad por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones, mientras que en el resto de los casos deberán regirse por los mismos cauces legales y jurisdiccionales que el conjunto de la ciudadanía.

Para ello, el PSOE propone la eliminación del artículo 29 del Estatuto de Autonomía, que recoge las prerrogativas de los miembros de la Junta de Castilla y León y de su presidente, al tiempo que determina la inmunidad y el aforamiento en el mismo modo que los procuradores de las Cortes.

Asimismo, apuesta por modificar la redacción del artículo 22, de tal modo que, en su punto 1, se estipule que los procuradores "representan a la totalidad del pueblo de Castilla y León y no están ligados por mandato imperativo alguno, y en su punto 2, que gozarán, aun después de cesar en su mandato, de la citada inviolabilidad por los votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones, las cuales se entenderán asumidas desde el acto de su proclamación.

En cuanto a la intención de PP y Cs de acometer una "reforma exprés" de la norma básica de Castilla y León, Gómez ha advertido de que el Estatuto "no recoge" esa opción, sino que se debe desarrollar un procedimiento que pasa por su debate en las Cortes y su aprobación por un mínimo de dos tercios de los procuradores, tras lo que debe ser ratificado por las Cortes Generales en Madrid.

En este sentido, ha insistido en que no han recibido llamada alguna para poder consensuar la reforma y ha acusado a estos dos grupos de "saltarse al mayoritario", sobre lo que ha alertado que de fracasar, no se podría plantear otra reforma hasta pasado un año, por lo que ha puesto en duda el interés del PP en llevar adelante su propuesta y ha sugerido que pueda tratarse de una "medida de postureo más".