Gómez Tejedor se ha pronunciado así durante la exposición de sus conclusiones definitivas en la recta final de este prolongado proceso, correspondiente al segundo juicio del caso, en el que se juzgan dos piezas del conocido como caso Cooperación -2 y 3- por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Por estas piezas, Anticorrupción solicitaba 16 años de cárcel para Blasco y pedía como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat. La pena más elevada que reclamaba el fiscal era para Augusto César Tauroni, hasta 21 años y medio de cárcel.

Sin embargo, los acuerdos a los que han llegado estos acusados contemplan penas inferiores -de tres años y medio para los principales procesados-. Los encausados que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía son, además de Blasco, Augusto César y Arturo Tauroni; la ex secretaria general de la Conselleria, Tina Sanjuán; el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, así como Alina Indiekina Lisenko y María Isabel Castillo López.

El letrado de Augusto César Tauroni ha destacado en su intervención que el "esfuerzo" de su patrocinado por disminuir el daño causado "no tiene parangón con ninguna realizada por el resto de acusados, más aun teniendo en cuenta los seis años de privación de libertad".

Gómez Tejedor ha lanzado múltiples reproches a las acusaciones particular especialmente -la Abogacía de la Generalitat- y en menor medida a la popular, la Coordinadora Valenciana de ONGD, sobre la que ha dicho que ha realizado un "espectáculo de magia" durante el juicio.

El fiscal Jesús Carrasco, en su opinión, ha sido "razonablemente consecuente con el acuerdo alcanzado", pero ha dicho no compartir "las tesis que pretenden mantener las acusaciones particular y popular". "Por principio a la acusación popular le está prohibido pronunciarse sobre la responsabilidad civil. Los argumentos de la Generalitat son técnicamente insostenibles y jurídicamente no tienen soporte legal alguno", ha denunciado.

Ha criticado que la Abogacía "pedía a la sala que se apartara de las conformidades y no aceptara las atenuantes contempladas en los acuerdos", mientras que los abogados de las defensas piden, ha añadido, "que se haga justicia". "La abogada de la Generalitat pidió adherirse al escrito de conformidad de Alina Indiekina y se recogían esas dos atenuantes. ¿A ella se le pueden aplicar y a los demás no?", ha cuestionado.

MENOR REPROCHE PENAL PARA TAURONI

El letrado ha reiterado que respeta el pacto con Fiscalía, pero ha pedido a la Sala un "reproche penal con menos carga impositiva" para Tauroni. "Respeto el pacto, esto no supone una deslealtad. De no haber existido el pacto, la sala debería haber llegado a la conclusión de que no existe prueba de carga suficiente para enervar la presunción de inocencia. Hay irregularidades pero no afectan al derecho penal", ha expuesto.

Ha sostenido también que su defendido ya fue condenado a seis años de cárcel "por los mismos hechos en abstracto que se juzgan en este procedimiento" en el juicio por la primera pieza del caso. "Son expedientes distintos, pero la situación fáctica es la misma. Cumplió a pulso los seis años de prisión", ha insistido.

Ha añadido a este respecto que el Tribunal Supremo "ya dejó claro que la condena por todas las piezas no podría superar los ocho años". Por ello, ha manifestado: "De esa condena máxima, la mochila que arrastra Tauroni es un cumplimiento efectivo de seis años y a pesar de ello hemos aceptado un pacto de tres años y medio más, con la confianza de no volver a ingresar en prisión después del cumplimiento de los seis años. Hemos sacrificado una posible sentencia absolutoria por aceptar una pena proporcional".

Por otra parte, Gómez Tejedor ha abordado también la cuestión de las atenuantes que incluye el acuerdo con Anticorrupción, de confesión tardía y reparación parcial de los daños. En cuanto a la primera, ha señalado que "el resultado de la prueba, omitiendo las autoinculpaciones, no habría ofrecido prueba de cargo". "Con la conformidad se reconocen los hechos de los que acusa la Fiscalía, ¿Para qué sirve la prueba? Nuestra confesión fue la que sirvió para definitivamente esclarecer los hechos, sin ninguna duda", ha mantenido.

Asimismo, en cuanto a la reparación del daño, el letrado ha argumentado que "la posibilidad de disminuir los efectos del daño causado no puede quedar a la arbitrariedad de la Abogacía de la Generalitat", a quien ha acusado de intentar "engañar" porque, frente a lo defendido por la letrada que representa a esta acusación, la defensa de Augusto César Tauroni ha aseverado que "existe voluntad reparadora, aunque no haya aceptado la Generalitat los bienes".

"Tauroni ofreció antes del juicio 122.000 euros de costas procesales que este letrado no va a cobrar para disminuir el daño que se haya podido causar. No es cierto que los bienes ofrecidos, los apartamentos en Miami y el barco, con un valor de 2,4 millones, hayan sido ya embargados. Pertenecen a una sociedad norteamericana y las autoridades americanas no han intervenido", ha explicado el abogado.

También ha censurado a las acusaciones particular y popular en cuanto a que, desde su punto de vista, "tratan de convertir a martillazos asociación ilícita en organización criminal, cuando los hechos se produjeron antes de la reforma del Código Penal". "Es un fracaso técnico, no es de aplicación esa reforma del Código Penal", ha agregado.

Así, Gómez Tejedor ha criticado dura y reiteradamente a la Abogacía de la Generalitat: "Ha tenido un afán desmedido de notoriedad o un planteamiento de cara a la galería. El dinero llegó a destino, los trabajos se ejecutaron total o parcialmente, la Generalitat no dice la verdad cuando dice que todo se defraudó. No se puede determinar con exactitud cuál ha sido el perjuicio económico".