Este incremento porcentual supondrá subidas que pueden llegar hasta el seis por ciento, puesto que se trata de un incremento con carácter retroactivo y no lineal dependiendo del tipo de plaza en cada caso. En concreto, la atención a las personas con discapacidad contempla la vivienda tutelada, la residencia de personas adultas, la casa hogar, la vivienda de apoyo al tratamiento, la residencia de gravemente afectadas; y los centros de día para enfermedad mental, discapacidad intelectual, daño cerebral sobrevenido, terapia ocupacional, discapacidad física, parálisis cerebral, graves trastornos de conducta y trastorno del espectro autista.

Además, esta iniciativa incluye la ya anunciada subida del coste plaza equivalente al IPC, 1,2 por ciento, una medida que se aplicará con carácter retroactivo iniciándose su aplicación desde el pasado 1 de enero de 2019.

En este sentido, la consejera del ramo, Rocío Ruiz, ha recordado que "desde 2013, no se había actualizado este concepto y tampoco se le había incorporado la subida anual del coste de la vida, lo que ha pervertido el sistema hacia la precarización del servicio".

En palabras de Rocío Ruiz, "lo que buscamos es una recuperación de los niveles de ingresos del sector de manera que se garanticen, a la vez, unas condiciones laborales dignas. Nos ha tocado realizar y estamos trabajando en un concienzudo examen del mapa de servicios que se ofrece en Andalucía con el fin de adecuar la oferta a la demanda y de racionalizar un servicio que hemos encontrado casi tan sobredotado en ciertas zonas de la comunidad autónoma como infradotado en otras".

Asimismo, ha recordado que el Gobierno andaluz ha tendido la mano a todos los partidos andaluces a que les acompañen a Madrid para reclamar una mejor financiación para este sistema de dependencia. "Si el Gobierno central incrementa su aportación a la financiación, que en algunos casos es de apenas el cinco por ciento del coste concertado, la Junta de Andalucía negociará con el sector el incremento de plazas conveniadas", ha subrayado.

En total, el Gobierno andaluz destina 19,8 millones de euros para incrementar la financiación del coste plaza en los servicios de atención residencial (15,2 millones) y de centros de día (4,6 millones) de personas en situación de dependencia, atendiendo una reivindicación que venía realizándose tanto desde el sector de las personas mayores como del de personas con discapacidad.

A esta propuesta ya efectiva, se unirán otras como la unificación de criterios en las distintas normativas de aplicación en materia de acreditación y autorización de los centros, y el mantenimiento y mejora del nivel de ocupación de plazas concertadas.

Por otra parte, la consejera ha recordado que dentro del plan de choque aprobado para reducir las listas de espera en materia de dependencia, "existe una partida específica de 7,76 millones de euros para la ampliación de plazas para personas con discapacidad, lo que supondrá la contratación de 265 nuevas plazas para los servicios de atención residencial, que se suman a las 5.724 actuales".

En la actualidad, la Junta de Andalucía cuenta con más de 47.500 plazas residenciales entre las que se cuentan tanto las propias como las concertadas y vinculadas al servicio. El nuevo Ejecutivo andaluz ha considerado este un ámbito de actuación preferencial por impactar directamente en la vida diaria de las personas que se encuentran en las residencias así como en la de sus familias.