En el último año, la Fiscalía de Menores de Valencia recibió una media de dos denuncias diarias por este asunto. No obstante, y a pesar del aumento de denuncias, Gema García afirma que hay muchos padres que "no se atreven a contar que sus hijos les pegan o les insultan", y cuando finalmente acuden al ministerio público "la situación ha alcanzado límites insoportables".

Para evitar este tipo de situación, García apostó, aunque cada caso es diferente, por educar al menor en valores o favorecer que haga ejercicio para que libere la tensión acumulada. Indicó que la sociedad "evoluciona" y los menores "son más difíciles de controlar", es más, los padres, muchas veces, aseveró, "no disponen de suficientes recursos de preparación personal para hacer frente a un menor rebelde".

Por otro lado, Gema García se ha propuesto acelerar los procedimientos judiciales y, para ello, se ha llegado a un acuerdo para advertir a los menores de que se pueden celebrar juicios en su ausencia, siempre que la medida "no sea privativa de libertad y tampoco sea superior a dos años", puntualizó.

Esta iniciativa supondrá una "gran ventaja" para los ciudadanos, porque se han registrado casos de hasta 13 suspensiones, hecho que afecta tanto a funcionarios como a secretarios judiciales, jueces, fiscales, testigos que tienen que desplazarse para declarar y abogados.

Baja reincidencia

Gema García resaltó la "efectividad" de los centros de reeducación de menores -actualmente hay tres en Valencia, dos en Alicante y uno en Castellón-, ya que existe un índice "muy bajo" de reincidencia cuando han cumplido la medida impuesta.

La fiscal indicó que no tenía constancia de que existan, en la actualidad, problemas de plazas en los centros de la Comunitat Valenciana, aunque, puntualizó, en ocasiones, los menores "tardan en ingresar en ellos desde que se pone la sentencia porque a veces están en ignorado paradero".