En 2018 la Oficina del Defensor de la Ciudadanía atendió un total de 22 casos de delito o conductas de discriminación, el doble de los registrados en 2017. De ellos, diez fueron por orientación sexual; seis por racismo; dos por discapacidad y cuatro por prácticas o creencias religiosas.

Con ocasión del Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de odio, el Defensor ha querido recordar que estos delitos y conductas basados en la intolerancia al diferente son una trágica realidad, confirmada en un contexto del aumento de la xenofobia, el racismo, la misoginia, la homofobia o el fanatismo ideológico "que niegan el valor de la dignidad humana y sus libertades a muchísimas personas por su diversidad".

Por ello, ha opinado que el futuro gobierno debe poner en marcha un efectivo plan de acción para prevenir y actuar contra esta lacra en todos los ámbitos, incluido el discurso de odio en las redes sociales, personas sin hogar, colectivo gitano, personas discriminadas por razón de edad o aspecto físico.

También reclama una Ley Integral contra los delitos de odio que tenga capacidad jurídica para intervenir con eficacia y agilidad en todos los ámbitos, así como para apoyar y proteger a las víctimas.

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