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Colegio. Archivo

Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada en el Parlament pide una modificación de la Ley de Educación de Catalunya (LEC) para prohibir el uso de los móviles en el interior las escuelas e institutos, también en el exterior cuando se desarrollen actividades educativas, y que éstos se puedan requisar.

A la espera de recoger 50.000 firmas autenticadas, la ILP, representada por Josep Maria Argemí, propone añadir al artículo 22.2 de la LEC de deberes de los alumnos el nuevo apartado 'f' que propugne que es un deber de los estudiantes no usar estos dispositivos en el interior de los recintos donde se imparte educación Infantil, Primaria y Secundaria.

En este nuevo artículo también se pide no usar estos dispositivos y otros de comunicación electrónica en el exterior del recinto escolar mientras se desarrolle cualquier actividad relacionada con la educación, salvo cuando los centros educativos lo autoricen expresamente.

Asimismo, el nuevo artículo establece que en la enseñanza postobligatoria las normas de organización del centro pueden regular su uso en el recinto y en el exterior, y que este deber no se aplica a los dispositivos de estudiantes con discapacidad.

Que se pueda requisar

La ILP también propone añadir un apartado en el artículo 37.5 de faltas y sanciones relacionadas con la convivencia, y que establece que el incumplimiento de las normas del nuevo artículo precedente -el supuesto 22.2.f- puede conducir a la confiscación del aparato por parte del personal de dirección, docente y de otros profesionales de atención educativa.

"Las normas de organización y funcionamiento de cada centro tiene que fijar los términos de la posible confiscación", agrega el nuevo artículo propuesto.

Esta ILP ha sido admitida a trámite el pasado 9 de julio, y una vez publicado el texto deberán habilitarse fedatarios para que pueda comenzar la recogida de firmas de apoyo a esta iniciativa. En la exposición de motivos, los promotores destacan la necesidad de actualizar los derechos y deberes de los alumnos, y la necesidad de una escuela que dé respuestas singulares y flexibles a los cambios acelerados de la sociedad.

Prácticas "maliciosas y arriesgadas"

En el caso de los teléfonos móviles, destacan el uso "muy significativo" de los móviles entre los jóvenes de 12 a 17 años, el registro en redes sociales mintiendo incluso en su edad, las disfunciones que provoca el uso del teléfono durante las actividades escolares.

También destacan la "alta probabilidad de que el uso del teléfono móvil incentive a los estudiantes a desarrollar prácticas maliciosas y arriesgadas", como ciberacoso y cibersexo, exponiéndolos a contenidos violentos e impactantes.

Además, esgrimen la necesidad de incorporar a la ley una directriz unificada sobre el uso de los móviles en las escuelas, el hecho de que los móviles no ayudan a generar un entorno de atención en las aulas, y que su presencia puede impedir una socialización armoniosa, esencial para el desarrollo de las personas en estas edades.

"El uso del teléfono móvil es el origen de una gran parte de los actos incívicos y de los que perturban el clima escolar", explican, ya que estos se pueden perder, robar e incluso permiten cometer delitos, aparte de que su prohibición es una de las herramientas que permite limitar la exposición de los jóvenes a imágenes impactantes.

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