El Ajuntament de Barcelona presentó ayer una medida legal que permitirá perseguir los apartamentos turísticos sin licencia. Sólo en Ciutat Vella obligará a cerrar 533 pisos turísticos que desarrollan esta actividad de forma ilegal, por lo que también podrán ser sancionados con multas de hasta 30.000 euros y la notificación de su actividad a la Agencia Tributaria.

El hecho de no estar contemplados en el plan de usos de Ciutat Vella, aunque estén inscritos y censados en el registro de la Generalitat de pisos turísticos, deberán cesar su actividad antes del verano. Para poder ejercer como vivienda turística, el apartamento debe someterse al cumplimiento de una serie de requisitos, como contar con la cédula de habitabilidad y poner su apertura en conocimiento de la comunidad de vecinos afectada.

Cumplidas las condiciones legales, los apartamentos podrán abrir «sin que los vecinos tengan ningún derecho a veto» sobre la actividad, una vez ésta cuente con los permisos, explicó ayer el primer teniente de alcalde, Carles Martí.

El distrito de Ciutat Vella guarda un status especial por la alta concentración de apartamentos turísticos, unos 1.200, por lo que se restringirá la apertura de nuevos pisos vacacionales hasta que la Generalitat apruebe una normativa definitiva. El consistorio incrementará la plantilla de inspectores para detectar más establecimientos que incumplan las normativas municipales.

Existen en la ciudad propietarios de 383 viviendas que no han permitido, de momento, al Ajuntament hacer las inspecciones. Según el consistorio, «saben que están fuera de la ley». En el Barri Gòtic, en el distrito de Ciutat Vella, es donde más fincas de este tipo se han localizado, 427 apartamentos, por lo que el distrito creará un operativo especial para acelerar la regularización de los inscritos en un nuevo REAT (Registro de Empresas y Actividades Turísticas).