Según ha indicado la administración autonómica en una nota, la normativa, que entrará en vigor el próximo 4 de diciembre, introduce entre sus novedades la creación de un procedimiento administrativo con causas claras de inadmisión, un plazo máximo para admitir trámites fijado en 15 días y otro plazo de tres meses para resolver.

De igual manera se declara competente para tramitar las quejas y reclamaciones el Servicio Público de Consumo de inferior ámbito territorial o, en su defecto, la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias correspondiente al domicilio de la persona consumidora.

Este decreto también pone a disposición del consumido un nuevo modelo de hojas y reclamaciones más sencillo y fácil de completar a la vez que se le exige a la empresa reclamada proporcionar una respuesta más completa y útil al consumidor.

La delegada territorial de Salud y Familias, María Jesús Botella, ha anunciado que "el Servicio de Consumo Provincial organizará una nueva sesión informativa dirigida a las asociaciones empresariales y de personas consumidoras y usuarias", reunión que se prevé que tenga lugar el mes de octubre.