La Comunidad de Madrid ha anunciado que cerrará la residencia privada de mayores Arzobispo Morcillo, en la localidad de Soto del Real, e incoará un expediente sancionador contra su titular, después que la Fiscalía le instará a cerrarla al apreciar peligro para la salud e integridad de sus usuarios.

El anuncio de la Comunidad se produce poco después que la Fiscalía haya instado este miércoles al Gobierno regional al cierre de esta residencia tras una visita rutinaria realizada el lunes por la fiscal especialista en discapacidades de la Fiscalía de Alcobendas, que halló en estado "deplorable" a los ancianos y las instalaciones.

La Fiscalía dice en un comunicado que la Comunidad de Madrid ya había precintado el pasado día 1 en esta residencia la consulta médica, la de fisioterapia y el gimnasio.

Además de urgir al cierre de la residencia, la Fiscalía ha solicitado a la Guardia Civil un atestado en el que -dice el Ministerio Público en su comunicado- "presumiblemente" se imputará a los responsables del centro la posible comisión de delitos contra la salud pública y la integridad de las personas.

Uno de los responsables del centro explicó a la fiscal que no tenía acceso a los historiales médicos de los sesenta pacientes que se encontraban en una sala, con solo dos auxiliares para atenderlos y presentando alguno de ellos "mal estado físico".

La Fiscalía precisa que en la sala donde se guardan los medicamentos no funciona la nevera donde deben conservarse aquellos que deben estar a baja temperatura, de modo que se había roto la cadena de frio en casos como la insulina.

También detectaron "bastante suciedad, falta de higiene, comida en dudoso estado de conservación así como otra habitación que, a modo de almacén, servía para acumular cajas llenas de medicamentos".

Había riesgo de incendio al no funcionar las mangueras y el cuarto de calderas tenía una fuga de agua.

La Fiscalía también ha pedido a la Guardia Civil que requise el disco duro donde supuestamente se almacenan las imágenes de las cámaras de seguridad.

Según fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, la Comunidad de Madrid cerrará la residencia tras comprobar que el centro no estaba garantizando la adecuada atención médica, ni los cuidados básicos a los usuarios, ni su adecuada alimentación.

Este centro, dice la Consejería, es de titularidad privada y en él no existen plazas concertadas por la Comunidad de Madrid, si bien, el Gobierno regional va a garantizar la atención a los 60 residentes afectados.

La Consejería añade que ha informado a los familiares de los residentes de la situación y que, en el caso de no poder asumir el cuidado de su familiar, se les habilitará plazas de emergencia en centros dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) o de la Dirección General de Dependencia