En rueda de prensa recogida por Europa Press Televisión, el comisario jefe provincial de Cádiz, José María Vila, explicó que el caso, en concreto, comprende siete violaciones cometidas sobre mujeres en el Puerto de Santa María, otras dos en Puerto Real y una última en Jerez de la Frontera, todas ellas perpetradas entre 1995 y 2000. Según el 'modus operandi', tales violaciones fueron protagonizadas por sujetos embozados o con el rostro cubierto y ataviados con vestimenta "militar" mientras "las víctimas eran desconocidas, cogidas en lugares de paso y llevadas a zonas apartadas o introducidas en el coche" para consumar la agresión.

A consecuencia de las dos primeras violaciones, fue detenido y posteriormente condenado y encarcelado R.R.R., quien terminó confesando o "inculpándose" él mismo después de que una de las víctimas "identificara" su voz. No obstante, Vila advirtió de que "las pruebas de ADN no coincidían y las violaciones se siguieron produciendo", señaló la inspectora encargada del caso.

Dada la actividad delictiva de F.P.G. y J.D.G., acusados de abusos sexuales sobre su propia progenie y con "largos" expedientes judiciales, la Policía Nacional les relacionó con las violaciones en cadena al detectar una "coincidencia" entre sus muestras de ADN y las recogidas en los escenarios de las agresiones sexuales, dado que el Cuerpo Nacional de Policía gozaba de muestras de ADN de ambos por la investigación de otros delitos que se les atribuía a cada uno de ellos.

Culpabilidad en entredicho

"Hace 15 días nos alertaron de que teníamos un sospechoso con el mismo ADN que los restos biológicos hallados en las violaciones, y al buscar entre sus compinches en delitos anteriores, apareció otro perfil que coincidía con la otra muestra extraída de la escena de los hechos", indicó el comisario en cuanto a la autoría de las violaciones en cadena.

Así, ambos estarían supuestamente implicados en estas diez violaciones mientras la culpabilidad de R.R.R. ha quedado en entredicho, si bien el sujeto sigue cumpliendo condena.

"Los detenidos tienen un expediente judicial bastante largo, ambos han estado en prisión, uno de ellos ha estado durante 15 años, y los dos han cometido abusos sexuales a sus hijos", agregó Teodoro Fernández, el jefe de Brigada Provincial de Policía Judicial.