Según han explicado en un comunicado, "tras años de robos, humillación y maltrato", han decidido constituir este sindicato puesto que han pasado años "deslomándose" cada día en el trabajo para "enriquecer" a sus respectivos caseros y siempre "viviendo en el miedo, el miedo a ser expulsadas, a vivir en la calle".

Asimismo, han criticado al Gobierno y a la Justicia porque "en vez de ayudar" abandonan a los ciudadanos y los usan como "propaganda política, para lograr titulares fáciles y que sus partidos de pacotilla continúen generando ingresos".

En el comunicado, también han exigido la cesión de todos los pisos vacíos en manos de grandes tenedores e incluso la expropiación, en caso de no convencer a dichos propietarios.

Igualmente, han solicitado el alquiler social de las viviendas que están a la venta en régimen de protección social, puesto que ahora sólo pueden acceder a ellas las personas ricas dado su precio.

Entre otras cosas, también han exigido la regularización de los precios de alquiler, también por habitación y la reducción de las fianzas, y que se retorne el artículo 31 del convenio de hostelería que obliga a los empresarios a ofrecer alojamiento a sus trabajadores.

Por último, han pedido la creación de un cuerpo de inspectores dedicado no sólo a los alquileres turísticos y que se les dote del número de empleados acorde a la realidad de la isla.