El Gobierno de La Rioja ha aprobado hoy un gasto de 410.565,05 euros para la licitación del servicio de ejecución de medidas en medio abierto y reinserción social de los menores infractores en nuestra comunidad y, para la puesta en marcha de un programa integral de violencia filio-parental.

La duración del contrato será de un año y la fecha prevista de inicio del mismo es el 1 de octubre de 2019. El presupuesto se ejecutará, por tanto, en los ejercicios 2019 (102.641,26 euros) y 2020 (307.923,79 euros).

En concreto, el servicio consiste en el desarrollo de las medidas dictaminadas por el Juzgado de Menores que son: Libertad Vigilada (LV) (consiste en realizar un seguimiento del menor en el área personal, social, formativo/laboral, familiar y judicial); realización de tareas socioeducativas (TSE) (el menor lleva a cabo actividades específicas de contenido educativo que facilitan el aumento de sus competencias personales, laborables, etc).

Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC) (consiste en la realización de actividad en interés de la comunidad para que se responsabilice de sus actos, así como de los daños y perjuicios que ocasiona) y medidas derivadas de los acuerdos alcanzados en procesos de mediación (reparación del daño causado a la víctima).

Asimismo, el contrato prevé realizar un programa específico de prevención, intervención y seguimiento de las situaciones de violencia filio-parental debido al incremento de las medidas asociadas a hechos punitivos por este tipo de violencia.

Los fines de la aplicación de este tipo de medidas son, principalmente, aunar el control como respuesta jurídica y la educación como elemento social, y evitar la reincidencia del menor y su internamiento. Para ello es imprescindible prestar una atención social, formativa, asistencial y de prevención dirigida a los jóvenes con problemas de delincuencia, drogodependencias o exclusión social a fin de facilitar su reinserción social y prestar una atención diferenciada al programa de violencia filio-parental.

Por ello, el trabajo que se realiza con estos jóvenes aspira, entre otros objetivos, a lograr que se responsabilicen de su conducta y de las consecuencias que los hechos cometidos puedan acarrear; facilitar su proceso de maduración y realizar intervenciones en el ámbito familiar.

Todas estas medidas se prestarán por una misma entidad con el objetivo de favorecer la mejor evolución del menor al ser atendido de manera integral. Además, de esta forma, se garantiza la gestión más eficaz del servicio y se aprovechan mejor los recursos existentes para una ejecución más eficiente.

La adjudicación se realizará por procedimiento negociado sin publicidad y los criterios de adjudicación serán: programa de trabajo (hasta 30 puntos); organización del personal adscrito al contrato (hasta 10 puntos); oferta económica (hasta 30 puntos), cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato (hasta 25 puntos) y planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato (5 puntos).

Asimismo, el contratista tendrá la obligación de subrogación del personal que actualmente presta estos servicios. De esta forma, para la correcta prestación de este servicio, el adjudicatario dispondrá de personal suficiente, en concreto, contará como mínimo con 12 profesionales: un director/coordinador, 3 psicólogos, 2 trabajadores sociales, 5 educadores sociales y un auxiliar administrativo.