En declaraciones a Europa Press, Mora ha explicado que en la reunión pretende defender la postura de los vecinos y agricultores, la posición del Ayuntamiento -que se encuentra en una situación que le lleva a recibir sanciones y puede desencadenar en la ruina del Consistorio- y la posibilidad "real" de contar con una acometida de agua que dé una solución alternativa al conflicto creado.

En este sentido, el primer edil ha subrayado que es posible dotar de agua de riego a los agricultores de la zona "a través del trasvase de ocho hectómetros cúbicos" de agua desde la comunidad de regantes de El Fresno "con las infraestructuras que en estos momentos hay disponibles". Para ello, Mora ha indicado que "lo que hace falta es voluntad política", puesto que la solución se basa en una alternativa real que se centraría en el bombeo de agua "durante las 24 horas".

Asimismo, ha hecho hincapié en que muchos agricultores de la zona están adquiriendo terrenos en otras de la provincia para no tener estos problemas, con al menos 1.200 hectáreas que se están trabajando en otras zonas, lo que para Mora es "una pérdida de riqueza para la localidad". Además, cifra en unas 5.000 hectáreas si se suma la de otros agricultores de la comarca y entorno de Doñana que "han hecho lo mismo que los luceneros para poder trabajar la tierra y contar con agua".

Por todo ello, el regidor ha insistido en encontrar una solución ya que todas las administraciones implicadas saben que "las sentencias se van a cumplir", además de incidir en el estado de "calma tensa" de los luceneros, en el que "hay personas mayores y niños presentes" en la zona, por los que teme que pueda ocurrirles algo debido a que se pueda producir algún momento de tensión.

De otro lado, Mora ha apuntado que los primeros interesados en cuidar Doñana son los que viven en el entorno, por lo que ha argumentado que desea un parque de Doñana sostenible, en el que quepan el cuidado al medioambiente y la agricultura, y no un entorno en el que "la población se vaya" para poder vivir, por lo que "no se puede poner entre la espada y la pared" a vecinos e instituciones.