"Es de ver que los actos que se atribuyen a los acusados no tenían por objeto hacer efectiva su voluntad particular en contra del derecho sino que actuaron en el convencimiento de que hacían un beneficio al pueblo al poder construir un parque en un erial ubicado en el centro del pueblo en el que se acumulaba la basura, con un mínimo coste para el Ayuntamiento al poder beneficiarse de una subvención de la Junta de Andalucía", subraya la sentencia consultada por Europa Press.

La magistrada Marta Inés Sierra, que discrepa de la interpretación de que de la conducta de los acusados hizo la Fiscalía que solicitaba penas de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, remarca que el informe, además de no ser vinculante en su contenido, relataba un "reparo insostenible" al hablar de la falta de titularidad del terreno por parte del Ayuntamiento.

"Esto privaba de credibilidad objetiva a su informe ya que de todos era conocido que ellos se debía a la falta de actualización del inventario desde 2002, siendo un hecho notorio en todo el municipio que dicho terreno venía siendo de uso público desde hacía décadas merced a la donación realizada al Consistorio por la familia de una de las concejalas acusadas", remarca la jueza.

En su sentencia, hace alusión a que la propia secretaria y el técnico así lo reconocieron en el acto de juicio, por lo que, según subraya, "en modo alguno podía albergar duda sobre la titularidad municipal del terreno, que desde el año 2007 estaba recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como de uso público".

La magistrada fundamenta, asimismo, la absolución de José Cara y el resto de ediles, quienes han contado con la asistencia letrada de los abogados Juan Marfil Castellano y Leopoldo José Marfil Rodríguez, en el hecho de que se trató de un acto administrativo "sin omisión absoluta del expediente" y en el que se "respetaron los trámites esenciales, permitiéndose el ejercicio de los controles propios de la actuación administrativa" y en que la obra "no puede ser considerada ilegal" de acuerdo al PGOU.

Con respecto al exalcalde mojonero en concreto, al que el Ministerio Público acusaba de haber "impulsado" la contratación de la obra pese al informe de la Intervención disconforme y que pedía la suspensión por "falta de crédito", considera "razonable" la explicación que dio en sala en la que aseguró que era "necesario imprimir celeridad al expediente" ya que se trataba de una obra subvencionada, sometida a plazos de ejecución y con justificación del destino dado a la subvención bajo sanción de pérdida de la misma.

"Era presumible, tal y como al final ocurrió, que las empresas interesadas en la contratación ofertasen la ejecución a precio inferior al presupuestado, permitiendo así solventar el inconveniente de la falta de consignación presupuestario, óbice que, según puso de manifiesto el interventor, decayó y que, en cualquier caso, podía haber sido enervado por el pleno", afirma la jueza.

La sentencia destaca, en esta línea, que ha quedado acreditado en juicio que "en un terreno de uso público" se construyó un parque "para el disfrute de todos los vecinos de La Mojonera, por un coste para el Ayuntamiento de tan solo 5.991,87 euros, toda vez que la Junta de Andalucía había concedido una subvención de 60.000 euros".

En este punto, la magistrada Marta Inés Sierra indica que el posterior reintegro que de dicha subvención tuvo que hacer el Ayuntamiento después de que la Junta apreciase "incumplimiento del procedimiento de contratación", no es un "resultado manifiestamente injusto" como exige el delito de prevaricación y encuadra esa "pérdida" de la subvención en una posible "responsabilidad disciplinaria y patrimonial" por parte de los acusados.

Por último, concluye que dicha obra "venía a atender una necesidad del municipio como evidencia el hecho de que los concejales de la oposición no manifestasen su oposición a la misma en el pleno y que se limitasen a abstenerse en la votación habida cuenta del informe negativa de la Secretaría".

La Fiscalía Provincial solicitó en el trámite de informes penas de diez años de inhabilitación especial para empleo y cargo público para los acusados ya que estimó que actuaron "a sabiendas de que el proyecto adolecía de deficiencias que impedían su aprobación conforme a ley" y que, con su comportamiento, "ocasionaron, además, que el Ayuntamiento adeudase un total de 54.722 euros a la Junta de Andalucía por una subvención que se vio obligado a reintegrar".

El ex equipo de gobierno se sentó en el banquillo el pasado 5 de junio por presuntos delitos de prevaricación por los que, al margen de las penas de inhabilitación, se enfrentaban a una responsabilidad civil por la deuda adquirida con la Junta a causa de "su conducta delictiva".

José Cara concurrió como candidato del PP en La Mojonera el pasado 26 de mayo aunque la lista que encabezaba solo alcanzó los tres concejales frente a la mayoría absoluta lograda por 'Todos por La Mojonera'. Ninguno de los tres ediles electos recogió el acta el pasado sábado.