Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota, desde el sábado día 1 de junio ya está en vigor el contrato de vigilancia con el mismo personal que venía custodiando las instalaciones, incrementado además en otras dos personas.
Asimismo, ha explicado que el motivo del retraso en la entrada en vigor del contrato era la suspensión del procedimiento de adjudicación por un recurso interpuesto por una empresa licitadora, que ha sido estimado parcialmente.
Además, ha señalado que, durante este tiempo, unos dos meses, "no se ha registrado ninguna incidencia ni problema" y las dependencias han estado custodiadas por medio de servicios especiales cubiertos con el apoyo del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, "algo que han destacado y agradecido desde las direcciones provinciales de los organismos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social".
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