La Delegación del Gobierno en Cantabria, basándose en un informe de la Abogacía del Estado, y en otros de la Guardia Civil y el Gobierno de Cantabria, ha obligado al Consistorio, a través de un requerimiento, a retirar las armas a estos agentes y apartarlos del servicio de patrulla en las calles.

Estos agentes accedieron al cuerpo de la Policía Local tras las oposiciones del pasado mes de diciembre y aunque ya son funcionarios se encuentran aún en periodo de prácticas y, según la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, no pueden ir armados.

Según informan hoy varios medios regionales y ha podido confirmar Europa Press, esta situación se desencadenó hace unos meses cuando los 15 agentes en prácticas participaron en un curso de tiro impartido por la Guardia Civil, percatándose los efectivos instructores de este cuerpo que los nuevos funcionarios de la Policía Local no pueden utilizar las armas.

La Guardia Civil informó de ello a la Delegación del Gobierno ya que los nuevos agentes locales de Santander podrían incurrir en un delito de tenencia ilícita de armas.

El máximo organismo del Gobierno de España en Cantabria, tras pedir varios informes a varios, ha ordenado al Consistorio la retirada de las armas a los 15 policías en prácticas y sacarles del servicio de patrulla en las calles y recolocarles en otros puestos.