La Fiscalía pide prisión provisional eludible con fianza de 100.000 euros para Raúl Bravo y Carlos Aranda

  • El exjugador del Real Madrid, Raúl Bravo, y el exjugador de varios equipos de Primera División, Carlos Aranda, se han negado a declarar en el Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca, donde han sido conducidos esta mañana como detenidos en la Operación 'Oikos', en relación con los delitos de amaño deportivo, blanqueo de capitales y organización criminal.

El fiscal ha pedido para cada uno de ellos prisión provisional eludibles con fianza de 100.000 euros. El magistrado tiene ahora que decidir si acepta esta solicitud.

DENUNCIA DE LALIGA POR EL HUESCA-NÀSTIC

El fiscal jefe de la Audiencia de Huesca, Juan Baratech, ha indicado que durante esta jornada se ha tomado la declaración de investigados a las personas que venían investigadas por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) para después decidir sobre su situación personal.

Baratech ha recordado que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Por parte de la Fiscalía, "hemos pedido dos prisiones provisionales eludibles con fianza de 100.000 euros; hemos acordado libertades provisionales también sujetas al pago de una fianza, fianza de 50.000 euros y de 75.000 euros, y para otro de los investigados una libertad provisional simplemente con comparecencias en el Juzgado", ha indicado sin mencionar los nombres de las personas que han comparecido en el Juzgado.

El fiscal jefe ha confirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, que estas actuaciones se iniciaron con una denuncia de LaLiga, que presentó denuncia de la Fiscalía General del Estado en relación al partido Huesca-Nàstic. "La Fiscalía General del Estado, a través de la Secretaría General Técnica, nos manda todas las actuaciones para que incoemos diligencias de investigación. Al cabo de unos meses de estar practicando diligencias lo judicializamos y le tocó al Juzgado de Instrucción número 5".

Durante este tiempo "el Juzgado ha estado investigando y ha estado haciendo intervenciones telefónicas, entradas y registros, y ha culminado con la detención de los investigados". Baratech ha continuado diciendo que "ha existido una trama principal y ha habido unas ramificaciones, en muchas ocasiones cuando se investiga un hecho concreto, no solamente en este caso, pueden salir otros hechos relacionados, entonces hay que diferenciar".

El fiscal jefe ha manifestado que "el atestado de la UDEV se refería, por un lado a organización criminal y, por otro, tenemos los delitos de corrupción deportiva y también se hacía referencia a blanqueo". Ha querido aclarar que "no a todos los que han declarado hoy se les investiga por los mismos hechos, es decir, puede haber un investigado que se le impute el delito de corrupción deportiva, otro que se le impute el blanqueo de capitales".

LA SD HUESCA PODRÍA SER LA PRIMERA PERJUDICADA

Asimismo, ha afirmado que en este momento, la Sociedad Deportiva Huesca "aparece como responsable, una responsabilidad proceder del artículo 31 bis del Código Penal que es la responsabilidad de las personas jurídicas". Para que se pueda exigir una responsabilidad penal a una personas jurídica tiene que ser por actuaciones de un representante, un administrador, una persona que tiene poder y haya actuado siempre en beneficio directo o indirecto.

Juan Baratech ha expuesto que la Sociedad Deportiva se le ha citado por esa responsablidad penal. "Pero esto no quiere decir que se mantenga porque de lo que hemos visto, por ahora, podría ser incluso un perjudicado y que su posición procesal fuese más la de una acusación particular que la de un responsable penal. Si aquí hay un perjudicado directo, el primero de ellos puede ser la Sociedad Deportiva Huesca", ha subrayado.

El fiscal ha dicho que las dos personas que han declarado en último lugar se han negado a declarar, aunque no ha desvelado sus nombres. "Una persona investigada puede acogerse a su derecho a no declarar".

En este caso, Baratech, ha considerado que no declarar "está más que justificado, en el sentido de que las actuaciones son secretas, a ellos se les da traslado de parte de las actuaciones, pero no del total, con lo cual con el fin de ejercer su derecho a la defensa, sus letrados entienden que es preferible que lo hagan cuando se levante el secreto de sumario y tengan el contenido íntegro de todas las actuaciones donde esté la imputación concreta".

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