La Conselleria de Educación ha remitido a los centros la instrucción en la que recuerda la normativa vigente y el derecho que otorga a las familias a recibir copia de los exámenes y otros instrumentos de evaluación.

De este modo, la administración educativa hace efectiva la recomendación del Síndic de Greuges que instó a la Conselleria a enviar instrucciones a todos los centros docentes no universitarios para que se cumpla el derecho de las personas interesadas "a obtener copia de los exámenes realizados, independientemente de los supuestos de reclamación regulados en la normativa vigente".

El artículo 53.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas recoge el derecho " conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de interesados (...)", así como a "acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos".

Fuentes del departamento de Campanar han subrayado a Europa Press que esta normativa es "estatal, para todas las administraciones estatales y autonómicas" y, además, "no es exclusivamente del ámbito educativo, sino que desarrolla el derecho al acceso a archivos y documentos y que

aplica también en todos los centros educativos desde su entrada en vigor en 2015".

Añaden que no se está hablando en este caso de revisiones de notas obtenidas, simplemente del acceso a documentación. Finalmente, la Conselleria apunta que es habitual hacer recordatorios a los centros educativos sobre normativas vigentes como esta.

Por su parte, el sindicato docente ANPE ha criticado la "indefensión" que, a su juicio, sufre el profesorado ante esta instrucción. La entidad defiende, en un comunicado, que "ya existen procedimientos adecuados ya regulados en normativa de aclaración, revisión o reclamación ante una calificación de un examen" y pide tener en cuenta también que la evaluación es continua.

"INNECESARIA Y DESPROPORCIONADA"

Para ANPE, es "excesivo que haya que entregar copia a quien lo pida". "Como docentes tendremos que acatarlo, pero nuestra opinión profesional es que es una medida innecesaria y desproporcionada", dicen.

Y se preguntan: "¿Son las familias especialistas para revisar los exámenes y cuestionar los instrumentos y criterios de evaluación?, ¿van a acudir con esa copia a algún especialista para que les des una opinión fuera del centro?, ¿cómo se va a garantizar la protección del profesorado y del propio alumno ante la posible difusión de la copia de estos instrumentos fuera del centro?".

"Este buenismo de querer agradar a todo el mundo no hace sino limitar la autoridad del profesorado, puede ir contra la libertad de cátedra y les deja en la más absoluta indefensión", dice ANPE, que lamenta que la función docente, "una vez más, se cuestione".