La juez Adelina Entrena, acusada de olvidar dejar en libertad a un preso absuelto, ha negado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haber cometido ninguna negligencia, ya que de lo contrario no podría "ni dormir por las noches", y ha dicho que desconocía la situación del reo.
Entrena, que fue titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril (Granada) hasta que el Consejo General del Poder Judicial la expulsó de la carrera judicial por esta causa, ha declarado que el error no fue suyo, por lo que negó ser culpable de que José Campoy pasase más de un año en la cárcel por el delito del que había sido absuelto, robo con violencia.
Ha añadido que desconocía que se encontraba en prisión preventiva cuando lo juzgó y que creyó que cumplía condena por una causa anterior, ya que
Por este desconocimiento ha argumentado que no pudo cometer negligencia y que, de haberlo hecho, hace tiempo que hubiera pedido perdón a Campoy, de quien dijo que no tiene "nada en contra" y que, por su estado,
Entrena se ha quejado del trato recibido tras la apertura de esta causa y ha lamentado que
La juez también
Sin rencor
Por su parte, José Campoy, con quien Entrena intercambió incluso una sonrisa, ha relatado que no guarda rencor a la juez pero que se ha sentido "tratado como un perro" y que en la cárcel estaba "nervioso perdido" y se daba "cabezazos contra la pared" porque no sabía "qué estaba pasando".
Aunque ha reconocido que recibió la sentencia absolutoria de manos de un funcionario de prisiones, ha asegurado que no pudo saber el contenido porque nadie se lo dijo y él no sabe leer ni escribir.
En la primera jornada del juicio, que continuará mañana con más testigos y peritos, también ha declarado la madre del reo, el juez que sustituyó a Entrena durante su baja, el fiscal que llevó el caso y la secretaria sustituta del Juzgado.
Ésta última ha asegurado que la magistrada era una persona "despistada, a la que había que recordarle las cosas" y ha admitido que nadie se dio cuenta de que Campoy era preso preventivo, salvo el día del juicio, en el que ella se percató y así se lo advirtió a la juez.
No obstante,
La Fiscalía Superior de Andalucía considera a la magistrada autora de un delito contra los derechos fundamentales y solicita por imprudencia grave suspensión de empleo o cargo público durante un año y tres meses y
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