La Junta de Castilla y León ha captado 300 millones de euros a través de la tercera emisión de deuda formalizada en 2019, que es la primera bajo formato público, según informan fuentes de la Administración regional.

Esta operación ha tenido una gran acogida en los mercados, como prueba el hecho de que ha concitado el interés de más de 70 inversores que han disparado la petición de títulos hasta los 1.500 millones de euros, es decir, un importe cinco veces superior al objetivo previsto.

Precisamente, esta circunstancia ha permitido ajustar a la baja en dos ocasiones el coste inicial de salida, de manera que la emisión, con un plazo de reembolso de 10 años, se ha cubierto finalmente a un tipo de interés sobre el coste del Tesoro Público español del 0,17 %. Se trata del diferencial más bajo de los que han logrado históricamente las autonomías en transacciones similares.

La credibilidad y calidad de Castilla y León como prestataria, unido a la receptividad del mercado a este nombre, han impulsado con fuerza la demanda de títulos, que llegó a alcanzar los 1.500 millones de euros en las dos horas que duró aproximadamente la apertura de libros. De hecho, este elevado interés de los inversores permitió ajustar a la baja hasta en dos ocasiones el coste inicialmente previsto de la operación.

FUERTE DEMANDA INTERNACIONAL

Asimismo, los datos de cierre de la emisión revelan que el 60 % de las obligaciones se han colocado entre inversores extranjeros, un porcentaje superior al alcanzado en otras transacciones. En la distribución por países, sobresalen Francia (que captó el 17 % del total de bonos), Alemania y Austria (15 %), países nórdicos (8 %) e Italia (4 %), a los que hay que añadir cuentas inversoras procedentes de Suiza, Asia y Medio Oriente, con un 3% cada uno. Los inversores nacionales, por su parte, han concentrado el 40 % restante del importe ofertado.

Además, la calidad de las ofertas queda patente a tenor de la tipología de los adquirientes de los bonos emitidos, puesto que el 51 % son bancos. Les siguen las gestoras de fondos (con el 26 %), los bancos centrales e instituciones oficiales (con el 12 %), y finalmente compañías de seguros y fondos de pensiones (con el 9 %). Se trata de inversores de carácter no especulativo, que mantienen los títulos en su cartera.

La operación de 300 millones de euros que acaba de formalizar el Gobierno de Castilla y León es la primera sindicada de carácter público que lleva a cabo la Junta desde el año 2016, aunque no hay que olvidar que la Comunidad viene manteniendo una presencia recurrente en el mercado de capitales a través de otros formatos.

Así, a lo largo de este periodo de referencia, la Administración autonómica ha llevado a cabo ocho colocaciones de títulos de deuda mediante acuerdos bilaterales con inversores privados, aprovechando su alto grado de accesibilidad a los mercados.

DIVERSIFICACIÓN DE LA CARTERA

A través de esta fórmula se logra acceder a una mayor base inversora y tener una relevancia más significativa en el mercado, lo que es importante para facilitar la cobertura de las necesidades de financiación futura. También contribuye a diversificar la cartera al incrementarse el peso que tiene el endeudamiento en títulos-valores, que tras esta operación roza el 30 % del total.

Con esta última operación, Castilla y León suma tres emisiones de deuda en lo que va de año, a las que hay que añadir los ocho contratos bilaterales de préstamo suscritos. De esta forma, la Comunidad llega a mediados de mayo con el 90 % de las necesidades de financiación previstas para el todo el ejercicio ya cubiertas.

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