Unidas por Santander, que aglutina a Izquierda Unida, Podemos, Santander Sí Puede y Equo, defiende que con esta propuesta se unifican todas las ayudas no contributivas, y se consigue una gestión localista, según el principio de subsidiariedad, de acuerdo con el cual deben ser las administraciones más cercanas al problema las que deben resolverlo o, al menos, gestionarlo.

La medida se desarrollaría a través de las unidades de trabajo social o de los ayuntamientos, directamente, según Unidas por Santander, que ha analizado la actual Renta Social Básica (RSB) y ha comprobado que "no llega más que a una minoría de la población que lo necesita".

En este sentido, indica que Santander hay alrededor de 12.000 personas desempleadas, un 16,34% de la ciudadanía según los datos de marzo de 2019 del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), de las cuales no reciben prestación o ayuda alguna alrededor de 8.000 personas y en torno a 2.700 personas reciben la Renta Social Básica.

Según el candidato a la alcaldía por Unidas por Santander, Miguel Saro, el sistema de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria tiene "numerosas deficiencias y falta de recursos", además de una gestión política "nefasta" a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales".

"Uno de los grandes problemas del ICASS son los limitados recursos existentes para las ayudas individuales con respecto a las personas sin recursos o en situación de exclusión social", sostiene, para proponer "erradicar las bolsas de pobreza y la exclusión mediante una ayuda directa condicionada doblemente: por un lado, a la falta de ayudas en otros ámbitos territoriales superiores, autonómico y estatal, y por otro, a la falta de recursos económicos individuales".

RENTA BÁSICA CONDICIONADA

La Renta Básica Condicionada municipal (RBCM) se aplicaría en varias fases y estaría unida a ayudas para el alquiler social, en los casos que fuera necesario. Tendría un carácter extraordinario y su vigencia dependería de la permanencia de la crisis económica y social, así como de la falta de ayudas en otros ámbitos.

La cantidad mínima fijada sería de 400 euros, aunque se podría aumentar según el tamaño de la familia. A ese importe se podrían añadir otras ayudas en especie en concepto de alquiler social, alimentos, bonos de suministros y transporte, entre otros.

Para poder tener derecho a la RBCM se deberá probar la residencia en Santander fijada con una garantía de tiempo mínimo. Unidas por Santander establece este requisito para evitar el 'efecto llamada'.

La coalición ha estudiado el coste total del programa que sería de aproximadamente 37 millones de euros. La partida de inversión del primer año de aplicación de la medida sería de 5 millones de euros para atender a unos 1.000 usuarios.

El segundo año sería de 7,5, el tercero 9,6 y el cuarto de 14,5 millones de euros. El objetivo de Unidas por Santander es llegar hasta los 3.000 beneficiaros en el año 2022.

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