El hombre había sido designado de oficio como perito judicial en una demanda civil entre unas empresas, que se estaba tramitando en Palma. Debía elaborar un informe para aclarar diversos puntos de controversia entre las partes.
La Fiscalía acusa al arquitecto de haber organizado una reunión con el administrador de una de las empresas y el arquitecto que habitualmente trabaja con éste, en la que presuntamente les habría comunicado su intención de que el informe fuera favorable a las pretensiones del empresario. Para ello, el otro arquitecto realizaría el informe y él lo firmaría y presentaría, y se repartirían la cantidad de 6.000 euros de la provisión de fondos entregada por el Juzgado para la pericial.
Según el escrito del fiscal, no consta que su propuesta fuera aceptada. En 2015, el acusado presentó ante el Juzgado un informe, pero dos días más tarde fue recusado como perito y sustituido en la causa. Además, el dictamen pericial que había emitido fue anulado.
Por ello, la Fiscalía imputa al arquitecto un delito de cohecho en concurso con un delito de falso testimonio en grado de tentativa. También reclama una multa de más de 5.000 euros y una inhabilitación temporal para empleo o cargo público.
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