Según ha informado el Consell en un comunicado, en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) de 7 de mayo de 2019 se publicó que el expediente de autorización de actividades para la declaración de interés general del proyecto quedaba sometido a exposición pública durante treinta días.

Esto significa que se encuentra en periodo de alegaciones, según el que disponen la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de Baleares y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Una vez acabada el plazo de alegaciones, se tendrá que iniciar la tramitación de estudio de impacto ambiental.

En esta fase, más de una decena de organismos públicos tienen que emitir informes para que la Comisión Balear de Medio Ambiente emita una resolución ambiental.

Para acabar, cuando se sepa qué tramitación le da la Comisión Balear de Medio Ambiente, la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Urbanismo estudiará todos los informes y llevará la resolución del expediente a una de las sesiones mensuales para valorar si es procedente la declaración de un interés general.