El candidato de Izquierda Unida-Castilla y León en Marcha a la Presidencia de la Junta, José Sarrión, ha propuesto la puesta en marcha de una oficina de apoyo a los ayuntamientos que quieran revertir la privatización de los servicios municipales dentro de un plan global para toda la Administración autonómica.

Todo ello se incluye en su propuesta de mejora de la función pública, para la que plantea 14 medidas, fundamentalmente relacionados con los derechos de los trabajadores en una jornada en la que ha recordado que los empleados de la Junta, a los que ha expresado su apoyo, están llamados a un paro de dos horas para reclamar derechos perdidos en los años de crisis que no se han revertido y que suponen una situación "tremendamente grave" porque además de ir contra sus derechos también afecta a los servicios públicos que todos usan.

El candidato a la Presidencia de la Junta ha señalado como objetivos globales, además de la mejora de las condiciones laborales, lograr una gestión "desde lo público" porque es más "barato" y "eficiente", además de más "democrático" porque lo harán los gestores elegidos por los votantes, y revertir todas las privatizaciones.

En concreto, dentro de la búsqueda de la revocación de las privatizaciones ha puesto como ejemplo la remunicipalización del agua que ha atribuido a Valladolid Toma la Palabra (VTLP) en la capital vallisoletana, una experiencia que quiere "exportar" a toda la Comunidad.

Para ello ha propuesto un plan de revocación de privatizaciones que afecte a servicios como el sector de las ambulancias, la inspección técnica de vehículos o la prevención de incendios.

Dentro de este plan se contemplaría una oficina de apoyo a los ayuntamientos que quieran revertir las privatizaciones de servicios municipales, dado que supone una dificultad legal porque los procesos son "endiabladamente complejos", aunque su intención es exportar la experiencia de Valladolid a toda Castilla y León.

MEDIDAS DE MEJORA

Por otro lado, José Sarrión ha presentado 14 propuestas de mejora de la función pública, la mayoría de ella dirigidas a las condiciones laborales, especialmente para las escalas más bajas, y muchas de ellas coincidentes con las demandas de los representantes de los trabajadores.

Así, ha concretado que se compromete a recuperar la jubilación parcial del 50 por ciento a la que se podía acceder hasta el 1 de abril de 2018 y que se redujo desde entonces al 25 por ciento en diferentes servicios de la Administración autonómica como la Gerencia de Servicios Sociales.

También, como propuesta fundamental, ha señalado la necesidad de aumentar las plazas de trabajadores porque muchos servicios públicos están "ahogados", con una "tremenda" cantidad de tareas que se desarrollan con menos personal. Sarrión ha afirmado que es necesario incrementar el número de empleados públicos en un 35 por ciento.

A este respecto, ha recordado que hay 386 plazas que no se han convocado desde 2016 y 380 personas que han aprobado oposiciones y no tienen destino, pero además correspondientes a 2018 no se han convocado plazas y en 2019 ni siquiera se ha negociado la convocatoria.

En tercer lugar propone la reapertura de los cuatro laboratorios de Fomento y Medio Ambiente que suponen 60 puestos de trabajo y en los que se realizaban tareas relacionadas con la salud pública, de manera que se ponga fin a la externalización de estos servicios.

Otra de las propuestas pasa por la reversión de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Junta, que ya criticó, y que ha contado con la oposición de todos los sindicatos, por lo que considera que hay que "rehacer" completamente porque deja tan abiertos los puestos y funciones que los trabajadores quedan "en manos de sus jefes".

TRASLADOS Y CARRERA PROFESIONAL

De la misma manera, ha abogado por un concurso de traslados abierto y permanente "de verdad", que esté abierto "todo el año" para que la gente pueda trasladarse cada vez más cerca de su familia en una comunidad que es la más grande de Europa y donde el PP ha incumplido su promesa en esta materia.

Sarrión también ha defendido una carrera profesional pactada con los representantes de los trabajadores tras el "tremendo escándalo" que se produjo cuando el PP la aprobó en el último mes de legislatura sin negociación alguna y que ha supuesto la judicialización de la misma.

Otros compromisos pasan por la reversión del decreto de incendios para revertir la privatización y tener un servicio público; la puesta en marcha de un plan de igualdad en la Administración, algo que no hay a pesar de que la Junta está obligada; y la posibilidad de pedir traslados por motivos de salud, algo que considera "fundamental y básico".

Sus propuestas incluyen la recuperación de las 35 horas, algo "arrebatado" por el Gobierno autonómico que aún no se ha devuelto a pesar de que se habla de recuperación.

Otro compromiso, en línea con la petición de los sindicatos, pasa por reducir la interinidad a un 8 por ciento desde el 16 por ciento actual, que califica de "barbaridad", para cumplir los objetivos marcados por Gobierno y sindicatos. Esta bajada considera que supondría "estabilidad" y la posibilidad de un proyecto de vida o de especializarse.

Por otra parte, con el fin de atajar las jubilaciones que se producirán en los próximos años, que ha cifrado en un 80 por ciento del personal de función pública, ha apostado por la convocatoria de plazas públicas ante la falta de planes que palien esta cuestión.

Finalmente, se ha comprometido a recuperar el 14 por ciento de poder adquisitivo de los empleados públicos perdido en los últimos años, especialmente entre el personal laboral, y la puesta en marcha de un servicio de prevención de riesgos laborales propio para la Junta de Castilla y León.