En este procedimiento, -en el que figuraba como investigado el exalcalde socialista de Benidorm Agustín Navarro, entre otros, y ejercía como acusación el PPCV-, la jueza entiende que, del resultado de las actuaciones, no cabe ningún reproche penal. El auto, de fecha 3 de mayo y al que ha tenido acceso Europa Press, no es firme y puede ser recurrido en reforma ante esta misma instancia.

Las diligencias se incoaron en abril del pasado año por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos relacionados con el expediente de contratación del contrato de suministro del sistema de comunicación TIC (opinómetros), adjudicado en 2010 por el consistorio a Opino Media, que guardaba relación societaria o era participada en el accionariado por Crespo Gomar, la consultora que trabajó para el PSPV e investigada en varias de las causas.

El origen partió de las diligencias que en su día llevó a cabo el Juzgado de Instrucción número 21 de València, sobre la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc, de las que resultó indiciariamente la existencia de empresas que habrían asumido el pago de los servicios de naturaleza electoral realizados para las elecciones autonómicas y municipales de 2007, prestados por Crespo Gomar, y facturados a otras empresas en lugar de a las formaciones políticas destinatarias de los servicios.

CONTRATO POR 193.000 EUROS

En el caso de Opino Media aparecía como adjudicataria de un contrato público obtenido en un proceso de licitación sobre el que un interventor perito resaltó la existencia de irregularidades en relación con la tramitación por el procedimiento de urgencia de un contrato de suministro del sistema de comunicación TIC (opinómetros), adjudicado a esa mercantil por el Ayuntamiento de Benidorm en 2010 por 193.000 euros.

El Juzgado número 21 de Valencia se inhibió a favor del de Benidorm al ver indicios de irregularidades, según los informes de Policía e Intervención General. El perito atribuía las irregularidades a la falta de acreditación de solvencia técnica y profesional de Opino Media; inexistencia de proposición económica; tramitación del expediente con carácter de urgencia; en el carácter preceptivo del informe del secretario y de la fiscalización del Interventor antes de la formulación del pliego o la prohibición de bajas en el precio de licitación.

Sin embargo, según el juzgado, el expediente de contratación, que constaba del pliego de condiciones, estaba redactado y firmado por el jefe del servicio de contratación, y era conforme al modelo elaborado por el Ministerio de Hacienda; que el expediente se tramitó con carácter de urgencia por aplicación de un Real Decreto Ley puesto que la financiación procedía de fondo estatal; que el informe de la técnico de fiscalización del consistorio establece que era favorable y procedía la tramitación; que la composición de la mesa de contratación fue invariable y se ajustó a ley, al igual que el pliego de condiciones y el plazo de ejecución.

Además, añade que el Ayuntamiento de Gandia no adjudicó la instalación de opinómetros a Opino Media sino a otra y que no se aprecia sobrecoste si se compara este contrato con otros en otros municipios. La jueza entiende que en este caso los hechos no pueden ser constitutivos de infracción penal porque no se desprende que las irregularidades indiciariamente susceptibles de investigación merezcan reproche penal ni irregularidades en el proceso de contratación.

DECLARACIONES

De las declaraciones de los administradores solidarios de Opino Media, Alberto Gomar Pascual y Carlos Bisquert, no resultan indicios de criminalidad mientras que Agustín Navarro como alcalde intervino en la adjudicación del contrato pero conforme a la propuesta de la mesa de contratación, añade el auto. De igual modo, tampoco se aprecia irregularidades en la actuación del coordinador de Atención Ciudadana, ni en la particiapción de los miembros de la mesa de contratación ni la presidenta ni el técnico de contratación.

Este sobreseimiento se une al acordado en marzo por la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia (Valencia) que investigó con la compraventa de un local por la Federación Valenciana de Fútbol a la mercantil Mora Gomar SL -vinculación familiar con la consultora Crespo Gomar.

Asimismo, en los juzgados de Madrid, Fiscalía y Abogacía del Estado pidieron en diciembre el sobreseimiento de la causa relativa a presuntas irregularidades en el contrato de publicidad concedido por el Ministerio de Vivienda Crespo Gomar -investigada en el número 24- mientras que el 43 archivó en noviembre la causa por el contrato del de Sanidad con esta misma agencia.

Consulta aquí más noticias de Valencia.