El Gobierno de Cantabria ha valorado en 54 millones la cuantía de las indemnizaciones, que corresponden a los afectados por las 363 viviendas con sentencia firme de derribo, según ha comunicado este miércoles la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, al presidente de la AMA, Antonio Vilela, durante la reunión que han mantenido en la sede del Ejecutivo autonómico.

Esta cantidad es el resultado de un informe técnico de valoración, elaborado con criterios exclusivamente objetivos y de mercado, y sin tener en cuenta los costes de los derribos de las viviendas ni los gastos de las correspondientes mudanzas.

Tampoco está incluida en esta cantidad el crédito de 11 millones de euros que el Gobierno de Cantabria ha reservado para ejecutar las viviendas de sustitución de las 102 que aún tienen que derribarse en La Arena (Arnuero), ha informado, en un comunicado, el Gobierno regional.

Según ha explicado la vicepresidenta a los miembros de la asociación, a los que ha entregado un ejemplar resumido de ese informe, se trata del primer paso para la elaboración de un expediente de reajuste del gasto "necesario para garantizar una justa indemnización a los afectados".

Díaz Tezanos (PSOE) ha precisado que ya existe retenido crédito suficiente para ello, con cargo al Fondo de Derribos, por el Consejo de Gobierno, entre los ejercicios 2019-2025.

"Este informe permitirá, tras una primera e inmediata ronda de contactos con los propietarios afectados, reajustar los expedientes plurianuales para afrontar los gastos del citado Fondo de Derribos y asegurar, desde un primer momento, y con independencia de la fecha que se señale para el pago, el cobro de la cantidad asignada a cada vivienda por cada uno de los afectados siempre y cuando estén de acuerdo con esa cantidad fijada", ha precisado la vicepresidenta.

Díaz Tezanos ha explicado a los representantes de AMA que, una vez establecido el calendario de pagos con el horizonte temporal del año 2025, se les convocará para cerrar los acuerdos correspondientes, de acuerdo con un procedimiento que se les ha detallado durante el encuentro.

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social ha opinado que, de esta forma, el Ejecutivo "cumple", a su juicio, el mandato del Parlamento de Cantabria, que instó al Gobierno a dar una solución definitiva a los afectados por sentencias de derribo a lo largo de este año".

"El Gobierno de Cantabria viene observando el deber inexcusable de ejecutar las sentencias judiciales, pero a la vez atiende a las personas afectadas, que obraron de buena fe, y ha tratado de reducir los perjuicios económicos derivados de la irregular gestión de algunos mandatarios públicos hace décadas", ha reconocido la vicepresidenta.

LAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS MORALES, CASI TODAS ABONADAS

Díaz Tezanos ha señalado que, en este sentido, los afectados por sentencias de derribo ya han cobrado "la práctica totalidad de las indemnizaciones por daños morales", sin que hayan tenido que acudir a la vía judicial, y, para ello, el Ejecutivo ha abonado 2.053.000 euros, "casi el doble" -ha destacado- de la cantidad aportada entre los años 2008 y 2015.

Además, ha recordado que el Gobierno ha suscrito acuerdos con los ayuntamientos para regular las obligaciones de hacer y liquidaciones de deuda, en caso de responsabilidad solidaria, como el de Piélagos.

También ha citado los acuerdos para ayudar a los consistorios a liquidar las deudas ocasionadas por la ejecución de las sentencias, en casos de responsabilidad exclusiva, como en el ayuntamiento de Piélagos con la Urbanización de Alto del Cuco o el caso de Argoños, a quien el Ejecutivo adelantó 462.000 euros para que hiciera frente a las indemnizaciones por daños morales.

Por otra parte, el Ejecutivo ha subrayado que también ha colaborado con los ayuntamientos "para impulsar la aprobación de sus planeamientos urbanísticos generales, por si fuera posible dar acomodo a alguna de esas viviendas ilegales en el nuevo modelo territorial", como ha sido el caso de Miengo, que contaba con 110 viviendas con sentencia de derribo, y el Plan Parcial de Bocarrero en Arnuero, con 144 viviendas afectadas.

La vicepresidenta ha explicado que siguen en tramitación en sus últimas fases los planeamientos generales de Argoños con 251 viviendas afectadas, Piélagos -que tiene 80 viviendas con sentencias de derribo- y Escalante, donde se localizan otras 32 viviendas ilegales.

Además, Díaz Tezanos ha precisado que los terrenos, donde se levantaron las estructuras de las 200 viviendas de la urbanización del Alto del Cuco en Piélagos, ya han sido "prácticamente recuperados, con vuelta a su situación natural anterior, lo que ha supuesto una inversión de tres millones de euros".