El Gobierno del Principado de Asturias ha disentido este miércoles de la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, al considerar que el precio de la energía sí es "un argumento importante" en la decisión de ArcelorMittal de recortar su producción en Europa, una medida que afectará a Asturias.

Ribera apuntaba esta semana, tras conocerse la medida de la multinacional del acero, que no se debía solo a los costes de la electricidad, sino a la reestructuración de su actividad a nivel global, añadiendo que al comparar los precios de la electricidad en España frente al resto de países comunitarios, "hay una horquilla más o menos similar para la industria electrointensiva".

Al respecto, el Ejecutivo asturiano dice no estar "de acuerdo" con el planteamiento de la ministra Ribera. "No es el único argumento pero sí es un argumento importante y relevante", ha apuntillado el consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Isaac Pola, quien urge medidas en marco comunitario y nacional para "aligerar precio final energía eléctrica" y mejorar la competitividad del sector industrial, con gran implantación en Asturias.

Además, ha matizado que desde el Principado están en "permanente contacto" con el Ministerio de Industria, dirigido por Reyes Maroto, así como con la multinacional del acero, que pretende restablecer los niveles de producción en cuanto se corrijan "alguno de los parámetros" por los que ha adoptado su decisión de reducción "circunstancial" de la producción, de unos tres millones de toneladas en Europa y de 700.000 en el caso de Asturias.

Así lo ha dicho en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno y junto al consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, señalando la doble vertiente "regulatoria y de mercado" que marca la decisión de la multinacional, por lo que apela a los gobiernos de España y de la Unión Europea a establecer mecanismos que garanticen la competitividad.

Martínez, por su parte, ha remarcado la defensa constante del Principado con la industria y su "preocupación e inquietud" por el porvenir del sector. "Apoyamos de pleno a la industria y todos sus trabajadores", ha afirmado el portavoz del Gobierno de Javier Fernández, esperando que la decisión de ArcelorMittal "tenga el menor impacto" posible en instalaciones de Avilés y Gijón.

Al respecto, Isaac Pola ha incidido en que la multinacional plantea "una reducción temporal de la producción y no de la capacidad productiva" y resalta que ArcelorMittal tiene una "apuesta estratégica" en los complejos industriales de Asturias, manteniendo su compromiso con "las inversiones" en sus plantas, cifradas en 300 millones de euros, de los que 100 se ejecutarán este año.

Además, ha incidido en que la empresa mantendrá "diálogo permanente" tanto con las administraciones como con los representantes de los trabajadores para "minimizar" el impacto de la cesión con la posibilidad de medidas de "flexibilización laboral", como el ERTE.

LAS CAUSAS

Isaac Pola ha detallado como una de las causas que motivan la decisión empresarial el precio de los derechos de emisión de CO2 en el ámbito europeo, que ha registrado un incremento del 230% desde enero de 2018. Una situación que, según el consejero, merma la "competitividad" de la producción de instalaciones europeas frente a productos extracomunitarios importados.

Otros aspectos relevantes, dice, son el incremento del precio de las materias primas en el mercado global; el descenso de la demanda de sectores como el de la automoción; y el aumento de las importaciones de productos siderúrgicos que compiten "en pie de desigualdad"; así como el precio final de la energía eléctrica, dado que se trata de una empresa electrointensiva.

Sobre el precio de la electricidad, Pola ha remarcado que España presenta niveles "por encima" de otros países de entorno europeo, lo que supone un "defecto competitivo" que hace precisas "medidas para corregir ese déficit competitivo".

Por ello, además de reiterar la implantación de un arancel medioambiental en la UE que regule las importaciones y una nueva regulación comunitaria sobre los costes de emisión de CO2, el consejero considera fundamental que el nuevo gobierno de España pueda "implementar" cuanto antes el Estatuto para los consumidores electrointensivos "como marco general de referencia para desarrollar medidas que supongan una reducción del coste final de la energía para el sector".

En la misma línea, ha resaltado el compromiso adoptado por el Ejecutivo en funciones, ante la situación de Alcoa, de ampliar hasta los 200 millones de euros en próximas semanas las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2, después de que el BOE publique este mismo miércoles la dotación inicial de 91 millones presupuestados por el ejercicio 2018.