La vista que se sigue en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, se ha retomado este martes con el inicio de las declaraciones de los encausados. Lorente ha declarado en la sesión vespertina, y por la mañana han acudido al juzgado el empresario adjudicatario del servicio, Ángel Fenoll, y el exalcalde 'popular' al que sucedió Lorente, José Manuel Medina. Para ellos, el Ministerio Fiscal solicita 37 y 12 años de prisión respectivamente, mientras que para la exalcaldesa, reclama ocho.

Lorente, a diferencia de Fenoll y Medina, sí ha respondido a preguntas de su abogado y del tribunal, aunque no a las de la Fiscalía y la acusación particular.

La exalcaldesa ha asegurado que todas las decisiones que se tomaban en el Ayuntamiento de Orihuela se hacían con "consenso" de todos los grupos municipales, y ha defendido que la postura de su partido "siempre ha sido la de dar transparencia con luz y taquígrafos" para "disipar cualquier duda de la honradez de José Manuel Medina y la imagen del Ayuntamiento".

Lorente ha recordado que bajo su mandato, el 9 de noviembre de 2007 se encargó a la Universitat Politècnica de València la elaboración de un nuevo pliego para adjudicar el servicio de basuras. El 10 de enero de 2008, la UPV entregó el pliego, que "fue facilitado a los grupos municipales", según la ex edil.

Finalmente el contrato se adjudicó a la opción más valorada: la empresa Sufi. Al respecto, Lorente ha afirmado que "no conocía las empresas que se presentaban" y que "no le debe nada a Ángel Fenoll ni a nadie".

PAGOS A COLSUR Y PROAMBIENTE

Los pagos a las empresas Colsur y Proambiente se indican como constitutivos del delito de prevariación en el escrito de acusación. Lorente ha señalado que son trabajos "que sí se hicieron y se tuvieron que pagar", pero ha asegurado que hubo "reparo" por parte de la intervención ya que esas facturas "no tenían contrato".

La exalcaldesa ha reiterado que eran "trabajos realizados y facturas debidas que se tenían que pagar" y ha recalcado que se abonaron "tras pasar por dos comisiones de Gobierno celebradas ordinariamente". "Como ya lo había hecho José Manuel Medina anteriormente y como lo han hecho desde entonces Monserrate Guillén y Emilio Bascuñana -los dos alcaldes que la han sucedido-".

EL TRIBUNAL RECHAZA LA SUSPENSIÓN

La quinta sesión del juicio se ha iniciado con la petición del Ministerio Fiscal de suspender hasta el próximo martes la vista para poder estudiar el auto del pasado 26 de abril que anula parte de las escuchas telefónicas que dieron origen al caso. A esta solicitud se ha adherido la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Orihuela.

El fiscal ha explicado que se les notificó el auto el pasado 30 de abril a última hora y que necesita "analizarlo" porque desconoce "las consecuencias concretas que tienen las partes no anuladas". En este sentido, el fiscal ha señalado que requiere de su estudio "para plantear correctamente el interrogatorio a las partes".

La mayoría de los abogados de los acusados se han opuesto al aplazamiento, excepto dos que lo apoyaban. Tras un receso para abordar esta petición, el tribunal ha desestimado la petición por no "existir causa jurídica que ampare ni causa material que valide tal suspensión".