Así lo sostiene Ecologistas en Acción en un comunicado después de que la empresa Cobre las Cruces, perteneciente a la multinacional canadiense First Quantum y gestora de la mina a cielo abierto de Guillena, Salteras y Gerena (Sevilla), anunciara esta semana que Iain Anderson ha renunciado al cargo de director general que ostentaba desde enero de 2018, siendo relevado en el puesto por Juan Pedro Soler, hasta ahora director de operaciones.

Según ha indicado Ecologistas en Acción, Iain Wallace Anderson llegó en enero de 2018 al consejo de administración de Cobre Las Cruces para poner en marcha la primera rampa de minería subterránea, dada su experiencia como director en la mina subterránea turca Çayeli Cooper, propiedad igualmente de la multinacional canadiense First Quantum Minerals.

La organización ecologista lamenta que, a pesar de sus "repetidas denuncias" de que "no se había realizado una Evaluación de Impacto Ambiental ni una adecuada evaluación de riesgos de esa rampa", comenzaron los trabajos e "inmediatamente se produjeron fuertes afecciones al acuífero", que Ecologistas en Acción denunció ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que, tras las investigaciones realizadas, "dirigió denuncia a los Juzgados de instrucción de Sevilla en julio de 2018, iniciando Diligencias Previas 1534/2018 en el Juzgado número 1".

El pasado 23 de enero "se derrumbó la mina", y ahora, según Ecologistas en Acción, "hemos conocido en un informe realizado por el técnico actuario de la Junta de Andalucía que, tres meses antes, el 25 de octubre de 2018, se notificó la presencia de una grieta que atravesaba transversalmente la pista de acceso norte principal de la corta con una dirección aproximada de 45" noroeste-sureste, en torno a la cota -5 msnm".

Tras la inspección de la zona por parte del equipo de Geotecnia de Cobre Las Cruces, "se detectaron leves signos de inestabilidad en el banco inmediatamente inferior a la cota donde apareció la grieta, esto es, unos diez metros por debajo de la pista".

Para Ecologistas, "resulta evidente que, bajo la dirección ejecutiva de Iain Anderson y bajo la dirección operativa de Pedro Soler -que ahora va a sustituirlo- no se tomaron las medidas adecuadas para garantizar la estabilidad de la mina y por eso se produjo el derrumbe posterior, que pudo poner en riesgo incluso la vida de decenas de trabajadores".

La organización ecologista advierte además de que "no es la primera vez que una mina dirigida Iain Anderson tiene problemas de seguridad", ya que, "en julio de 2014, los vecinos de la población turca de Çayeli Madenli, cercana a la costa del Mar Negro, sufrieron grietas en sus casas y calles y deslizamientos de tierras provocadas probablemente por la explosiones de la mina subterránea dirigida entonces por Anderson".

INVESTIGACIÓN SOLICITADA

Ecologistas en Acción sigue insistiendo en que "se investiguen la posible relación entre el derrumbe del 23 de enero de 2019 y los daños producidos al subsuelo por la continuada detracción ilegal de aguas subterráneas, incrementada con la construcción de la primera rampa de minería subterránea, que finalmente ha quedado sepultada tras el derrumbe".

De hecho, según informa la organización, "la CHG ha remitido al Juzgado número 1 la valoración de daños de un nuevo expediente sancionador que inició en mayo de 2018, tras las denuncias de Ecologistas en Acción", y "los datos vuelven a ser demoledores", con

3.027.751,83 metros cúbicos de "aguas detraídas ilegalmente" y 908.325,55 euros de "valoración de daños al Dominio Público Hidráulico de la masa de aguas subterráneas de Gerena, reserva para el consumo humano del área metropolitana de Sevilla y Aljarafe para épocas de sequía".

Para Ecologistas en Acción, estos datos demuestran "un comportamiento continuado y presuntamente delictivo en materia de daños al medio ambiente, que se unen a la sentencia firme del Tribunal Supremo del pasado 3 de diciembre que confirmó la multa de 923.091 euros e indemnización de 276.927,45 euros y otro expediente que actualmente está pendiente de acuerdo del Consejo de Ministros, con propuesta de sanción de 1.000.000 de euros y 496.882,94 euros de indemnización".

Esta "sucesión de sanciones", junto a la sentencia del 18 de enero del TSJA que anuló una modificación del Plan Especial de CLC y el posterior derrumbe del 23 de enero, "parecen ser las verdaderas causas de la marcha de Anderson, sin descartar la veracidad de los 'motivos estrictamente personales' que CLC ha comunicado oficialmente", según exponen desde Ecologistas en Acción.

En cualquier caso, la organización avisa de que "velará" por que Anderson "comparezca ante la justicia española si fuera necesario en el futuro, como ya ocurrió con el ex consejero delegado Francois Fleury, y el exdirector de Mina William Thomas, que ambos fueron condenados en septiembre de 2016 por delitos contra el medio ambiente y de daños, también a las aguas subterráneas, en contraposición con lo que ocurrió con toda la directiva de la mina de Boliden en Aznalcóllar (Sevilla), que se quitaron de en medio sin asumir ninguna responsabilidad", según concluyen desde Ecologistas en Acción.