Por estos hechos, la Fiscalía de Huelva ha pedido un año de prisión y una multa de 1.080 euros para uno de los dos acusados como presunto autor del delito de maltrato animal y por el uso de certificados falsos, al amputar supuestamente orejas y rabo a los 22 perros y usar certificados falsos de estos animales, además de pedir para el otro acusado, veterinario de profesión, una multa de 2.160 euros por el presunto delito de librar un certificado falso en relación al maltrato de cuatro perros de los 22 afectados.

La Fiscalía también pide "la inhabilitación especial de tres años para el ejercicio de toda profesión, oficio o comercio relacionada con los animales así como para la tenencia de los mismos" para el primero de los acusados, presunto autor material de las amputaciones.

Según reza el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos sucedieron en Niebla y en Valdezufre, al proceder uno de los acusados a cortar las orejas (otectomía) y el rabo (caudectomía) a los animales, bien de forma directa "o través de terceros no autorizados", "sin cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente, la Ley 11/2003 de 24 de noviembre de Protección de los animales".

Así, el acusado de las amputaciones a los animales realizó la otectomía y caudectomía a 18 perros de rehalas de Niebla, mientras que también llevo a cabo las mismas operaciones a otros cuatro canes en el paraje de Valdezufre, de las que "tuvo cobertura" el segundo de los acusados, "veterinario colegiado en el Colegio de Veterinarios de la provincia de Huelva" que, "a sabiendas de su falsedad, emitió una serie de certificados que faltaban claramente a la verdad", ya que "indicaban que las amputaciones practicadas a los animales habían sido realizadas por las causas y con los requisitos exigidos en la legislación sectorial".

La Fiscalía explica que "los referidos certificados", "a sabiendas de su falsedad, fueron exhibidos a los agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección a la Naturaleza, para evitar las sanciones administrativas de las que pudiera haber sido acreedor el acusado" que había realizado las amputaciones a los animales.

Asimismo, el escrito judicial recoge que "los dueños de las rehalas" de Niebla "intentaban justificar su actuación" con posterioridad "presentando certificados que indicaban que dichas amputaciones las habían realizado veterinarios autorizados y por razones de salud del animal", incidiendo el órgano judicial en que "dichas certificaciones faltaban a la verdad, y fueron redactadas y presentadas a sabiendas de ello", lo que llevó a los agentes a desarrollar "una serie de inspecciones en el resto de rehalas".

"Como consecuencia" de dichas inspecciones desarrolladas por parte de los Agentes de la Guardia Civil del Servicio de Protección a la Naturaleza de Niebla (Huelva) durante el año 2016", expone el escrito, los agentes averiguaron "como en determinadas rehalas de la localidad se practicaba la mutilación de orejas y rabos a los perros que tenían, causándoles a consecuencia de dicha práctica un menoscabo grave en su salud".

Los hechos fueron descubiertos por agentes de la Guardia Civil en "la inspección girada en el núcleo zoológico de rehala sito en el paraje de El Ejido" de la localidad onubense de Valdezufre, "al tener conocimiento de los hechos que, aunque fueron cometidos en fecha no determinada", señala el documento, "en todo caso fue no más de tres o cinco años antes de las inspecciones", tal y como argumenta la Fiscalía.

En el escrito, el órgano judicial expone que "las otectomías y caudectomías son intervenciones quirúrgicas que cursan con una importante intensidad dolorosa, que exigen en aquellas situaciones en las que se hubiese de practicar con fines sanitarios y bajo control veterinario, un protocolo de actuación completamente estructurado con el fin de evitar las consecuencias adversas de las mismas".

"Dichas intervenciones en caso de ser realizadas por personal carente de titulación veterinaria determinaría un riesgo de desarrollo de efectos adversos en el animal -esgrime la Fiscalía-, tales como infecciones locales y sistémicas, trastornos cicatriciales, alteraciones del comportamiento, riesgos anestésicos, sufrimientos innecesarios y, en los casos más graves, el fallecimiento".