la de uno de los investigados.

Según consta en el escrito provisional del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados generaron más de 60.000 euros en gastos a dos compañías telefónicas mediante la contratación de líneas y servicios a nombre del perjudicado "a sabiendas de que ante el impago" las operadoras no les reclamarían a ellos.

Los acusados, a quienes se pide seis años por un delito de estafa y otros dos por usurpación de estado civil, contrataron a lo largo de 2011 un total de ocho líneas telefónicas que fueron dadas de baja meses después por las operadoras ante la acumulación de impagos, si bien para entonces alguna de ellas había acumulado deudas de hasta 1.000 euros.

Junto con las líneas, los investigados también habrían recibido en su domicilio teléfonos móviles y terminales para la recepción y distribución de la señal de internet con cada una de las contrataciones de línea.

Como consecuencia, el perjudicado fue incluido en dos ficheros de morosos en los que se mantuvo inscrito hasta noviembre de 2014 y junio de 2016, lo que le generó "importantes perjuicios" para realizar "cualquier tipo de negocio jurídico", de modo que incluso le fue denegado un préstamo por una entidad bancaria.

El fiscal solicita al respecto el pago de 6.000 euros a la víctima por el daño moral. El juicio tendrá lugar el próximo 2 de mayo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería.